Los perfiles para designar a las autoridades de control no se están revisando, tampoco se los ha revisado en el pasado. La terna enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa, al Consejo de Participación Ciudadana para superintendente de Economía Popular y Solidaria, que controla las cooperativas de ahorro y crédito, está plagada de conflicto de intereses.
La terna:
Incluso la actual superintendenta, Margarita Hernández, tiene conflicto de intereses, al tener “certificados de aportación” de una cooperativa, a la cual controla como órgano estatal. Hernández, en su declaración juramentada ocultó que tenía dichos certificados.
Paulina Garzón, es uno de los nombres enviados por Noboa. Ellas es miembro de la Junta de Regulación Monetaria, es decir, el ente que emite las normativas para el Banco Central del Ecuador (BCE), como por ejemplo, los canales de pago para la banca. Pero ella, que regula este asunto mencionado, tiene una empresa que vende servicios a las cooperativas: en Intefid es socia de Kléver Mejía, ex Intendente de Riesgos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). Intefid, venden los indicadores de riesgos -que calcula la SEPS-, para mejorar liquidez y riesgos de créditos de las cooperativas.
Esto significa que ellos pueden ayudar, con asesorías pagadas a Intefid, a que esas entidades salgan de alguna posible intervención de la SEPS.
Guillermo Jimbo es accionista en Strategia Finance & Risk Strategrisk Cía Ltda, dedicada a dar servicios también a estas entidades controladas; entre 2011 y 2012 tuvo cuentas cerradas por cheques protestados, lamentablemente en Consejo de Participación no tiene una normativa para casos como estos.
Freddy Hidalgo, experto, manifiesta a Guayaquil News, que los certificados de aportación cumplen de forma igualitaria a una acción y por tanto se tiene que declarar en la declaración juramentada de bienes, “pero por falta de compromiso en la función de transparencia y control social, los certificados de aportación el capital social en el sector cooperativo de la economía popular y solidaria no se reportan a la Contraloría General del Estado”.
Con lo cual hay un grado de ocultamiento de información, que podría ser considerado como actividades de lavado de activos de las principales autoridad de control, “además la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria no cuenta con unidad de auditoría interna y su control es de forma esporádica”
