La jueza multicompetente civil del cantón Playas, Diana Karina Feijo Zaruma, el 22 de julio último, declaró con lugar la demanda por daño moral que interpuso la abogada Luz María Pico Díaz contra el Banco Pichincha, y ordenó como resarcimiento o indemnización pecuniaria el pago de $ 1’316.000.
La demanda por daño moral de Pico Díaz contra el Banco Pichincha nace tras una demanda verbal sumaria (No. 09332-2014-23738) que la entidad financiera presentó contra la exjueza de lo penal de la provincia del Guayas, el 23 de diciembre de 2010.
Según Banco Pichincha, Pico Díaz usó una tarjeta de crédito Visa, solicitada por ella y aprobada por el banco. Dicha tarjeta a nombre de la jurista, según un estado de cuenta del 30 de agosto de 2010, reflejaba una deuda impaga de $ 7.757.87, donde estaban incluidos los intereses por la mora, las costas procesales, honorarios profesionales y los gastos o expensas judiciales.
La abogada Pico, tía del periodista Andersson Boscán Pico, periodista y uno de los dueños de La Posta, en los antecedentes de la demanda menciona que tramitado el proceso, un juez de la Unidad Judicial de Guayaquil, el 8 de septiembre de 2017, dictó sentencia y ordenó el pago de $ 56,49 dólares, por concepto de saldo del capital correspondiente a los consumos, adquisición de bienes y/o servicios y avances dinerarios en efectivo que reflejaba en los estados de cuenta.
Pese a esto, el Banco Pichincha presentó un recurso de apelación por inconformidad ante la Sala de lo Civil y Mercantil del Guayas, el 10 de septiembre de 2020, el cual fue rechazado. Posteriormente, el juez de lo Civil, el 28 de septiembre de 2022, dicta el auto de archivo del juicio verbal sumario, seguido por el Banco Pichincha contra la conocida jurista, dónde consta que ella el 5 de agosto de 2022 adjuntó el certificado de depósito judicial No. 09332009954 del 29 de julio de 2022, extendido por BanEcuador en la cuenta de la Unidad Judicial Civil por $ 4.126 dólares, cantidad resultante de la pericia efectuada, por lo que el juez dicta la extinción de la obligación.
Inicio del acoso
Sin embargo, refiere Pico Díaz en el escrito, que durante la tramitación del juicio, desde 2014, el Banco Pichincha le siguió cobrando por correos institucionales la supuesta deuda de la tarjeta Visa ya cancelada. Esta vez la deuda se había incrementado a $ 14.618,36, más $ 70 dólares por consumos / débitos, sin que ella haya tenido la tarjeta de crédito porque la había devuelto en 2007.
Pero no todo quedó ahí, el 4 de enero de 2019, Banco Pichincha continuó cobrando el supuesto valor adeudado mediante su correo institucional y el 5 de enero de 2021 con la participación de las empresas de cobranza MJ Cobranza. Después, el 11 de agosto del mismo año, prosiguió con el cobro por medio del estudio jurídico Mármol Balda y Hernández Prolex Abogados S.A. Está vez por $ 16.280,67.
La jurista menciona que con evidente dolo, la entidad financiera, el 15 de noviembre de 2022 cobró la supuesta deuda a través del estudio jurídico Cabrera, por lo cual, consciente de que no mantenía ninguna deuda, el 24 de noviembre del mismo año solita al banco las copias certificadas de la medida cautelar que decía tener en su contra, pero no respondieron.
Ante el silencio del Banco Pichincha, el 28 de noviembre, Pico Díaz, acudió a la Superintendencia de Bancos para denunciar lo que estaba ocurriendo, ratificando su pedido de entrega de las medidas cautelares que supuestamente pesaban contra ella y de los estados de cuenta de la supuesta deuda, lo que el banco nunca entregó.
Luego, el 12 de diciembre de 2022, el Banco Pichincha siguió cobrando está vez usando a su filial Pague Ya, hasta que el 16 de enero de 2023, el director regional de Atención y Educación al Ciudadano de la Superintendencia de Bancos, Octavio Bueno Félix, le informó a la demandante que el banco había solicitado a la justicia la consignación de los valores para de baja a los valores asociados a la operación.
En su escrito Pico Díaz refiere en la demanda, que desde 2014 Banco Pichincha la acosó y menoscabó su «buen nombre», la puso en central de riesgo y la intimidó con correos y mensajes de cobro de una «deuda inexistente,» todo lo cual le ocasionó problemas a la hora de solicitar créditos y de firmar contratos de defensa profesional, perjudicándola en $ 816.000.
Todo lo dicho por la demandante fue negado por el Banco Pichincha por intermedio de sus defensores legales, entre ella la suma de $ 3’000.000 solicitada por Pico Díaz para resarcir el daño moral denunciado. En representación de la entidad financiera estuvieron Antonio Acosta Espinoza y Santiago Bayas Paredes, presidente y Gerente General, respectivamente.
Cabe destacar que durante el proceso se determinó la afectación psicológica y financiera de Pico Díaz por los hechos «ilegales ocurridos durante más de 10 años en su contra con el Banco Pichincha como protagonista».
