En la audiencia del Caso Purga tomó más de seis horas leer la sentencia en el que estaban procesados funcionarios judiciales y un político del Partido Social Cristiano (PSC), -íntimo amigo del líder de los amarillos Jaime Nebot-, por el delito de delincuencia organizada.
El Pleno de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, debería emular la iniciativa que tomaron los funcionarios de la Contraloría General del Estado dónde ocultaron los rostros de los excontralores, debido a los actos de corrupción relacionados a exfuncionarios de la Contraloría, rechazando su vinculación a varios casos.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, se «escandaliza» al saber que existe corrupción en el organismo y anuncia que trabajará con el órgano disciplinario del Consejo de la Judicatura, para «encontrar los mecanismos de solución para ese tipo de problemas».
El Caso Purga desnudó la corrupción en la administración de Fabiola Gallardo, pero no es el único caso en la historia del organismo. En noviembre de 2019 la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la indagación previa n.º 0852019 contra Gabriel Manzur, expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y la abogada Silvana V. por presuntos actos de corrupción. Ellos fueron investigados por supuestamente haber cometido lavado de activos y enriquecimiento privado no justificado.
El 08 de Marzo de 2024 el recientemente posesionado para esa fecha presidente de la Corte de Justicia de Guayas, Hugo González, renunció irrevocablemente a su cargo, tras su anunciada vinculación al caso Purga.
La Gestión al mando de Wilman Terán dentro del Consejo de la Judicatura entre el 2022 y 2023 dejó secuelas en la administración de justicia, el mes pasado fue sentenciado en el Caso Metástasis.
Ahora la cúpula del Caso Purga, Pablo Muentes (Ex Asambleista PSC), Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, colaboraron con la empresa criminal al formar parte directamente de este caso de delincuencia organizada. Estos fueron sentenciados a 13 años y 4 meses de prisión ys perdieron sus derechos por 20 años, más el pado de una multa de 40 salarios, a ellos se sumaron los colaboradores Reinaldo Cevallos, Guillermo Valarezo, Alberto Lino, Nelson Ponce, Henry Taylor, que deberán pagar 20 salarios y también perdieron sus derechos por 15 años. Toda la «cúpula» tendrá que pedir disculpas publicas y colocar una placa en la Corte.
Durante la lectura de la sentencia, que duró seis horas y media, el tribunal, conformado por los jueces Felipe Córdova, Marco Aguirre y Daniela Camacho, quien asumió como jueza ponente, consideró que los procesados actuaron «con la voluntad de poner en peligro el bien jurídico protegido, de la seguridad pública» y que su accionar fue «doloso».
En este caso Mayra Salazar aseguró que tres integrantes del CJ recibían el apoyo político de Pablo Muentes y del PSC y que a cambio les entregaban «cuotas» en la Judicatura, esto tampoco habría sido novedad en las administraciones de Fausto Murillo y José Morillo. Estos, como no recibieron el respaldó dentro del CPCCS, se pelearon con Muentes y es ahí que el Asambleísta Social Cristianos de Manabí, Carlos Vera le inicia un juicio político a los dos vocales, que fueron destituidos en la Asamblea Nacional.
No obstante, el deterioro del PSC ha sido paulatino y constante y mucho más en estas última elecciones.
El tribunal, también dispuso medidas reparatorias integrales, entre ellas la colocación de una placa en la entrada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que señale «La administración de justicia es gratuita» La Fiscalía solicito que la leyenda indique: «La Justicia no es negociable ni está al servicio del poder».
El cuadro con la imagen de Fabiola Gallardo debe ser retirado de la Corte, donde están los rostros de los expresidentes.
