La intervención política o padrinazgos políticos en la contratación publica sigue siendo una de las principales malas practicas para enriquecerse ilegalmente en el Ecuador.
Precisamente está situación anómala ocurrió en la adjudicación de la instalación y mantenimiento de 480 radares para controlar el exceso de velocidad en las carreteras del país por 12 años, situación que se dio en la administración de Ernesto Polit, como director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).
En julio de 2023, la administración de Polit, mediante un contrato de delegación de gestión, entregó a los consorcios Ecutransit y Seviecu, la reposición, reemplazo y reubicación progresiva de los dispositivos electrónicos fijos (radares) para la detección de infracciones de tránsito por exceso de velocidad que se encuentren instalados a nivel nacional y que hayan llegado a su obsolescencia.
Hasta ahí todo resultaba, aparentemente legal, pero resultó que Ecutransit estaba compuesta por cuatro empresas, Traffic Control Systems Cts S. A., Cosideco S. A., Speedcontrol S. A. S. y Nonspeed S. A. S., empresas que tenían relaciones con exfuncionarios públicos, como Carlos Drouet, quien había ocupado los cargos de coordinador general administrativo financiero en el Ministerio de Telecomunicaciones y subgerente general de Correos del Ecuador.
Según los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías, Drouet es accionista de DB-Gestores de Inversiones S. A. S., firma que es parte de Speedcontrol S. A. S., que a su vez integra el consorcio Ecutransit.
Asimismo, en los documentos oficiales para la contratación consta que el consorcio Seviecu, está compuesto por las empresas Semoecsa S. A. S., Greatinvestments Greatinvestsa S. A., Telconet S. A., Pronavial S. A. S. y Mantenimiento Técnico Especializado MTECia.
Aquí también, todo parecía normal durante la contratación, pero se determinó que la empresa Semoecsa S. A. S. tiene como uno de sus miembros a Juan Javier Botteri Pérez, quien es propietario de BBCCorpsol S. A. S., la cual a su vez registra como gerente general a Carlos Eloy Balarezo Cedillo, exdirector ejecutivo de la CTE entre 2021 y 2022.
Otro hallazgo tiene que ver con la dirección o domicilio de la empresa Green Investments: la cual registra a Andorra, territorio que consta en la lista de paraísos fiscales que publica el Servicio de Rentas Internas (SRI) en su página web oficial.
Radares suspendidos en Cañar
- Paso lateral La Troncal
- Vía Manuel de J. Calle
- Vía Puerto Inca, sector La Puntilla
- Carretera Panamericana, sector Inganilla
- Carretera Panamericana, sector La Troncal
- Carretera Panamericana, sector El Tambo
- Autopista Azogues Biblián
- Autopista Azogues, sector puente río Burgay
- Vía Zhud Suscal La Troncal, sector Cercapata Autopista Azogues Dr. Camilo Gallegos Domínguez
- Paso lateral La Troncal
- Vía Manuel de J. Calle
- Vía Puerto Inca, sector La Puntilla
- Carretera Panamericana, sector Inganilla
- Carretera Panamericana, sector La Troncal
- Carretera Panamericana, sector El Tambo
- Autopista Azogues Biblián
- Autopista Azogues, sector puente río Burgay
- Vía Zhud Suscal La Troncal, sector Cercapata Autopista Azogues Dr. Camilo Gallegos Domínguez
En Los Ríos
- Vía Palestina – Vinces
- Ventanas, parroquia Zapotal
- Vía Buena Fe Patricia Pilar, sector Hacienda Reybanpac
- Buena Fe Gasolinera Buena Fe
- Vía Vinces – Palenque
- Vía Quevedo – Buena Fe
- Vía Baba – Pita
- Vía General Vernaza – Baba
- Vía Buena Fe – Santo Domingo sector Patricia Pilar
- Vía Ventanas – Quevedo, sector Lechugal
- Vía Valencia – La Maná, sector Av. 13 de Diciembre
- Vía Buena Fe – Quevedo, sector Guayacanes
- Vía Babahoyo – Montalv
- Vía Valencia – Quevedo, sector la Esperanza.
El Oro
- Vía Palestina – Vinces
- Ventanas, parroquia Zapotal
- Vía Buena Fe Patricia Pilar, sector Hacienda Reybanpac
- Buena Fe Gasolinera Buena Fe
- Vía Vinces – Palenque
- Vía Quevedo – Buena Fe
- Vía Baba – Pita
- Vía General Vernaza – Baba
- Vía Buena Fe – Santo Domingo sector Patricia Pilar
- Vía Ventanas – Quevedo, sector Lechugal
- Vía Valencia – La Maná, sector Av. 13 de Diciembre
- Vía Buena Fe – Quevedo, sector Guayacanes
- Vía Babahoyo – Montalv
- Vía Valencia – Quevedo, sector la Esperanza.
Otros 262 radares fueron suspendidos en la primera semana de septiembre. De estos, 70 corresponden a nivel nacional y a la mancomunidad de GAD tipo B en Guayas, ubicados en Lomas de Sargentillo, Pedro Carbo, Isidro Ahora, Nobol, Santa Lucia, Balzar, Yaguachi, Daule, Naranjal, El Empalme, Playas, Colimes y Bucay. En Manabí: Chone, Puerto López, Montecristo, Flavio Alfaro, San Vicente, Pedernales, Jama, Junín, Rocafuerte y El Carmen. Santa Elena y Salinas. Girón y Oña, en Azuay. Quijos en Napo. Pasaje, en El Oro.
Otros 7 estaban recaudando ilegalmente en El Tambo, Balao, Ventanas, Jujan, Samborondón y la provincia de Pastaza.
En el grupo de compañías que conforman Seviecu está Telconet, empresa especializada en el servicio de internet y que tiene otros contratos públicos en diferentes instituciones públicas. Telconet es propiedad de la familia del actual candidato presidencial Jan Topic, quien ha negado su relación con la instalación, funcionamiento y mantenimiento de los radares.
Los ejemplos citados, la participación de los exfuncionarios y candidato presidencial como miembros de las empresas ganadoras de los contratos para manejar los radares, crean suspicacias sobre los procesos de contratación pública que llevó adelante la CTE.
Otras alertas
Los contratos de delegación de gestión de julio de 2023, determinan que los consorcios mencionados tienen una participación del 45% de ganancias por cada multa registrada por las cámaras de seguridad del sistema de radares por los primeros tres años y del 35% por los nueve años restantes.
Cifras oficiales de las recaudaciones realizadas por un radar de diciembre de 2023 a abril de 2024, por multas registradas por tres radares, ascienden a 1.1 millones de dólares: un millonario negocio que solo generó solo el interés deEcutransit y Seviecu, participantes para los puntos de control A y B en 12 provincias.
Todo esto, derivó en la intervención de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y en la posterior elaboración de un informe. Luego, la Secretaría de Integridad del Gobierno Nacional también intervino y solicitó a la Contraloría que audite los contratos de delegación, ante lo cual la CTE anunció la suspensión de los registros de los valores de multas emitidas por 39 radares en junio último en las provincias de El Oro, Los Ríos y Cañar.
Posteriormente, el 2 de septiembre último, el Ministro de Transporte, Roberto Luque, anunció la suspensión de 100 radares y el miércoles siguiente, la CTE reveló que 163 radares más eran suspendidos, lo cual da como resultado que 302 dispositivos electrónicos que controlan el exceso de velocidad en las vías del Ecuador ya no cumplan la tarea recaudadora y solo sean preventivos.
Estos últimos radares habían sido instalados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tipos B, mediante una resolución ilegal de anteriores administraciones de la CTE, pese a que legalmente los GAD tipo A son a los únicos que legalmente se les permite asumir las competencias de manejo del tránsito vehicular.
Por este razón, Mario Andrade, director Ejecutivo de la CTE, detalló que una resolución administrativa de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), le permite a la entidad que dirige la terminación de los convenios con los GAD tipo B que venían administrando el tránsito con simples convenios.
El exasambleísta Galo Lara, quien viene realizando una campaña contra los denominados “radares extorsionadores o vacunas”, ve con buenos ojos la actuación de las autoridades del Ministerio de Transporte y de la CTE porque los dispositivos no cumplieron nunca con el fin de sus funcionamientos, que era la prevención y no la recaudación.
Recordó que en el contrato de delegación de gestión, la CTE mencionaba que la entrega del manejo de los radares al sector privado se lo hacía porque la institución no posee ni los recursos económicos ni técnicos para el control del exceso de velocidad en las vías del país.
Además, la CTE indica que la presencia de los radares manejados por los gestores privados, permitiría disminuir la siniestralidad en las carreteras, objetivo que no se ha cumplido, porque los accidentes de tránsito por exceso de velocidad aumentaron, según las cifras de la propia institución.
Lara Yépez también reveló que los conductores multados por radares descalibrados y colocados en sitios y zonas no permitidos eran obligados a pagar las multas por excesos de velocidad inexistentes pese a no haber sido notificados hasta en 48 horas como lo exigen el contrato firmado.
Por eso, el exlegislador ahora anunció una campaña para recuperar el dinero “robado” por Seviecu y Ecutransit..
