En 1998, Pablo Muentes Alarcón y su esposa Mónica Alvarado Bardi, representantes de la empresa Finxi, accedieron a varios préstamos del Banco del Pacífico por un total de $415.000 para comprar una camaronera.
El mismo año, Muentes y Alvarado, pretendieron que el banco les conceda otro préstamo por $ 800.000, pero la entidad financiera les dijo que no y según los esposos representantes de Finxi, esto motivó que el negocio camaronero fracase y ellos cayeran en mora, dejando de cumplir los pagos de las cuotas mensuales de los primeros préstamos.
Según Muentes y Alvarado, ellos cumplieron pagos en ventanilla por $ 314.800 desde el 14 de junio de 1999, hasta el 19 de noviembre de 2002, sin embargo el banco les siguió tres juicio coactivos, por lo que el 29 de abrió de 2019, solicitaron a la entidad que corrija sus operaciones, para lo cual presentaron certificaciones notarizadas de los pagos realizados.
El Banco del Pacífico no accedió a los pedidos de Muentes y su esposa y el 5 de noviembre de 2020, Reynaldo Cevallos, juez de la Unidad Penal Norte, le da trámite a una Acción de Habeas Data y mediante sentencia acepta parcialmente el recurso sobre la vulneración de derechos porque la entidad financiera nunca entregó la información requerida. Para entonces, Pablo Muentes ya era asambleísta suplente.
Está decisión fue apelada por Muentes y el banco, el 5 de febrero de 2021 y la Sala Penal del Guayas no aceptó las apelaciones, con lo cual la decisión del juez de primera instancia quedó firme.
Posteriormente, el 15 de marzo de 2021, el banco informa al Intendente Nacional de Riesgos de la Superintendencia de Bancos que ellos cumplieron con todo lo que exigió en sentencia el juez Cevallos y mediante una auditoria externa se determinó los pagos realizados supuestamente por la empresa Finxi no existían en la contabilidad de la entidad financiera.
El 23 de marzo del mismo año, Muentes y su esposa, no aceptaron la auditoría del banco porque no fueron notificados y los dejaron en indefensión. El 21 de julio, volvieron a solitarle al juez penal de la Unidad Judicial Norte que haga cumplir su sentencia del 5 de noviembre de 2020, cuando estábamos en post pandemia.
Previo a todo esto peregrinar de Muentes ante los jueces que él manejaba, el 21 de enero del 2021, la Sala Penal de Guayas, conformada por Johan Marfetán, Guillermo Valarezo y José Poveda, le daban paso al recurso de Habeas Data solicitado por Muentes y su esposa y los abogados del Banco del Pacífico. Ninguno de estos jueces pudieron advertir que los documentos de los supuestos pagos de Muentes en ventanilla del banco eran falsos.
Cabe destacar que la pelea judicial entre Muentes y el Banco del Pacífico tiene dos partes. Por un lado, está el hábeas data con el que el exasambleísta logró que se le reconozca una indemnización por USD 3,9 millones. Del otro lado, está una denuncia por uso doloso de documento falso que presentó el banco en contra de Muentes.
En el proceso constitucional de Habeas Data, se mando a intervenir a la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional. La primera le dio la razón a Muentes y la segunda declaró que no podía actuar porque no se logró determinar el incumplimiento de decisiom de autoridad competente por parte del banco planteado por el ahora exlegislador.
El abogado del Banco del Pacífico, Ricardo Noboa, explicó ante los medios de comunicación que el monto de la indemnización todavía no ha sido pagado a Muentes. “Ha sido una defensa con una cancha inclinada, pero se ha logrado que el banco no le pague al señor Muentes la supuesta deuda”.
El 14 de de abril de 2021, el banco interpuso una demanda de nulidad de instrumento privado contra Muentes y su cónyuge y la compañía FINXI S.A. Este proceso judicial lo perdió el banco en segunda instancia, dándole el voto a favor los jueces Lino Tumbaco y Nelson Ponce, hoy presos en el caso PURGA.
Ante todo esto, el banco planteó ante la Corte Constitucional una acción extraordinaria de protección, que todavía no ha sido calificada, pero ahora, después de la revelación del caso Purga, Ricardo Noboa aseguró que pedirán al juez Macías que no ejecute esa «sentencia espuria» pues hay fallos de la Corte Constitucional que dicen que una sentencia no es ejecutable cuando haya sido obtenida con fraude a la ley.
Esto toma fuerza ahora, cuando el caso Purga ha revelado que Muentes manejaba una red de corrupción en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dónde la expresidenta Fabiola Gallardo y seis jueces más, cumplían sus órdenes, entre ellos Marfetán, Cevallos, González, entre otros, algunos presos por delincuencia organizada.
