Por Jorge Luis Hidalgo
La respuesta lamentablemente es NO. Para mitigarla invitamos al “chulco” energético que nos cobra cifras astronómicas por proveernos de la energía que nos falta. Entre ellos la energía que importamos de Colombia, las barcazas que dos de ellas siguen operando 24/7, PROGEN y la costosa energía generada con diésel importado.
Lo más crítico es que entre agosto y septiembre inicia un nuevo estiaje con riesgo de que vuelvan los apagones y recién ahí reaccionaremos, cuando es justamente ahora cuando se deben tomar medidas.
Pese al esfuerzo del Gobierno y de la ministra Inés Manzano todo se termina diluyendo en mandos medios insensibles con la urgencia del país de evitar apagones y sacar lo más pronto posible al “chulco” del sistema. ¿Ejemplos?
- Cambian la ley no más apagones I y II para que un privado pueda generar hasta 100MW de energías renovables y cuando ya tiene todas las autorizaciones prácticamente resueltas se enteran de que tienen que conseguir un certificado de sostenibilidad fiscal que debe emitir el Ministerio de Finanzas por pedido del Ministerio de Energía y que ese proceso toma más de año y medio. El Ministerio de Energía ni siquiera a pedido esto todavía. Dicen proteger los intereses del estado cuando por cada día de demora termina costándole al país más de 7 veces el costo de la energía al “chulco”.
- Coordinación General Jurídica, donde se demoran en procesos de generadores eléctricos a los que en años anteriores se les vulneraron varios acuerdos contractuales y ahora no pueden cambiar su tipo de contrato. Es su inexperiencia la que hace que concluyan un champú de palabras sueltas y resuelvan ambigüedades que no dicen, ni si ni no y peor aún, proponen soluciones. Quieren quebrar a esos generadores privados?
- En Títulos Habilitantes hay técnicos que revisan nuevos procesos de inversión privada de forma absolutamente subjetiva. Incluso contradiciéndose a ellos mismos entre un proyecto y otro. Se atreven a pedir requerimientos inexistentes en la norma.
- Cenace (Operador Nacional de Electricidad), haciendo esfuerzos no para transparentar información de despacho comercial, sino para ocultarla a la ciudadanía y opinión pública.
- En el Ministerio de Ambiente cada zonal actúa como si tuviera su propia ley y hay procesos que van 1 año con 4 meses y no logran avanzar en su autorización de agua, otros donde se cancelan concesiones de agua que no cambiaron a autorizaciones dejando en riesgo hidroeléctricas privadas en operación comercial.
- En el mismo Ministerio de Ambiente hay demoras de más de un año de permisos ambientales para proyectos de energías renovables sin tener piedad con la urgencia del país.
- El Gobierno ignora la capacidad de las ONGs y de actores políticos como Yaku Pérez para manipular las poblaciones donde se pretende desarrollar proyectos de energías renovables. Estos actores terminan defendiendo intereses de importadores de electricidad de Colombia que son privados, los empresarios de las barcazas y los importadores de diésel.
Sin embargo, como es común a los ministros los arropan los que dicen a todo SÍ y si alguien se atreve a generar críticas para promover mejoras se lo considera un enemigo. Es comprobado que los verdaderos enemigos son los funcionarios condescendientes que cuidan su metro cuadrado y que impiden que estos mensajes lleguen a las bien intencionadas autoridades. Los confunden pensando en que tienen una gestión perfecta cuando al final los resultados son bastante pobres.
