El 28 de julio de 2022 las prefecturas Socialcristianas de Guayas y Los Ríos anunciaron la construcción del paso lateral (bypass) en la vía Jujan-Babahoyo, el cual evitaría el cotidiano caos que se vive en esta, la ruta más importante del país y que, hasta Quevedo, solo tiene dos carriles.
Los Ríos es la provincia más importante en la producción de banano, de cacao, de palma aceitera, y es relevante en la de maíz, después de Manabí. Esa vía soporta el transporte de mercancías y personas desde Pichincha, y otras provincias importantes de la Sierra, pero su ampliación a 4 carriles se ha dilatado por la inoperancia del Ministerio de Obras Públicas.
Las columnas de vehículos para pasar el sitio (Tres Postes-Jujan-Babahoyo), en especial cuando llevan los difuntos al Cementerio de Jujan, pueden durar 5 horas o más. El perjuicio para la transportación, pasajeros, comerciantes, agricultores, exportadores, comerciantes es incalculable. «Perdemos dos hasta tres vueltas», señala un conductor de la FBI (Flota Babahoyo Interprovincial).
Jorge Cruz, transportista de carga pesada, manifiesta que un caos donde se pierde no solo tiempo, sino dinero en combustible, y que muchas veces su carga no llega al puerto a la hora que se requiere.
Una camaronera que apareció en el trazado del recorrido del bypass, que empieza en el paso lateral de Babahoyo, cerca de los puentes gemelos en la vía que lleva Puebloviejo, Ventanas, Quevedo, tiene parado el proyecto. El litigio con la Prefectura se debate en la Corte Constitucional, luego de que esta admitiera la acción extraordinaria de protección presentada por el Consejo Provincial.
Mientras el trámite legal avanza, el Ministerio de Obras Públicas (MTOP) plantea al Consejo riosense cambiar el trazado y rodear el predio del conflicto. El prefecto, Johnny Terán, dijo que si la entidad le da el financiamiento para cambiar el recorrido de la vía, lo hace inmediatamente. “Esto es cuestión de tiempo y el país no tiene tiempo para seguir esperando por una obra tan necesaria”, añadió.
Terán añadió que ningún juez puede quitarle la facultad constitucional que tiene como prefecto para expropiar con el fin de levantar una obra que beneficie al país.
¿Quién le dio a la camaronera el permiso para operar en tierras agrícolas? Esto debe investigarse, ya que es curioso que eso suceda, pues, además, esa empresa acuícola podría ser responsable de las constantes inundaciones que ocurren en la zona en cada invierno. Incluso, arroceros de la zona han denunciado que no pueden sembrar arroz en verano porque el agua no se evacúa como antes.
Lo que provoca la falta del paso lateral y la ampliación de la vía Jujan-Tres Postes, que le compete al Consejo del Guayas:
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La empresa Camarones y Langostinos del Mar Calademar S.A., -cuyo accionista es Nirsa (Negocios Industriales Real)- dueña de la camaronera mencionada señala que reiteradamente la Prefectura sostiene que obstaculiza la construcción del bypass, lo cual niega.
Accionistas de Calademar:
Accionistas | Capital | |
CORPORACION REAL CORPREALSA S.A | 271.349,5200 | |
NIRSA S.A. | 89.364,8400 |
El 7 y 14 de julio de 2022, ”adquirimos un inmueble de 309 hectáreas y obtuvimos las debidas autorizaciones para llevar adelante un desarrollo camaronero con sistema de recirculación de agua. Tras todos los trámites legales, las escrituras públicas se inscribieron el 9 y 13 de septiembre de 2022 respectivamente”.
“Calademar S.A. ha propuesto alternativas al trazado del paso lateral para permitir su construcción sin afectar sus instalaciones, pero la Prefectura de Los Ríos insiste en el trazado original, lo que perjudicaría su desarrollo camaronero y su impacto positivo en la zona”.
Según la empresa, el 4 de octubre de 2022, es decir, con posterioridad a la adquisición de la propiedad, el GAD Provincial de Los Ríos convocó a licitación para la construcción del paso lateral, sin tener la delegación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y utilizando una licencia ambiental con coordenadas distintas. Este paso lateral atravesaría nuestra camaronera, afectando nuestra inversión y violando claramente la seguridad jurídica, a la que todo ciudadano y empresa tienen derecho.