La participación de la excomandante de Policía Tannya Varela fue clave en la pérdida de tiempo en el caso León de Troya o Caso Encuentro. Esto evitó que las investigaciones, en este proceso, sigan su curso normal.
El informe del Grupo Parlamentario Anticorrupción embarra a quien fuera elevada a la alturas como la primera mujer en ocupar el más alto rango en el mando policial.
Los elogios del expresidentes Rafael Correa y las felicitaciones de Guillermo Lasso la hicieron ver como una mujer incólume, algo que estaba lejos de ser. “La Madrina” no solo contribuyó a dilatar el proceso, también fue pieza fundamental para disolver al grupo que investigaba el caso, para incriminar a otros oficiales incómodos y para favorecer a su esposo.
Varela, es procesada recientemente por hacer circular información registrada y una jueza le dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva; pero su reunión con el expresidente Guillermo Lasso para informarle sobre la participación de su círculo íntimo en el casos de narcotráfico y tráfico de influencias desdice su neutralidad en el caso, puesto que debió entregar esa información a la Fiscalía para que sea procesada. Su acción puede leerse como una alerta al mandatario para que ponga a buen recaudo a su grupo de amigos. Las acciones posteriores del Ejecutivo demostrarían aquello.
El 7 de julio del 2021, a las 13:40 aproximadamente, la entonces comandante general de Policía, Tannya Gioconda Varela Coronel y teniente coronel José Luis Erazo, fueron recibidos por el Presidente de la República en el Palacio de Carondelet.
En dicha reunión Erazo, explicó al primer mandatario la relación existente entre Rubén Cherres Faggioni con grupos delictivos organizados dedicados al tráfico de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización con ciertas personas de nacionalidad extranjera, así como también se le informó de los vínculos directos del señor Cherres con el Danilo Carrera Drouet, cuñado de Lasso. Así lo describe el informe de fiscalización del Caso León de Troya, del Frente parlamentario Anticorrupción.
El grupo estuvo formado por Fernando Villavicencio, Sofía Sánchez, Ricardo Venegas y Pedro Velasco.
“Lamentablemente por parte del ejecutivo no hubo acciones inmediatas, el Presidente de la República y su gobierno guardaron silencio por más de 551 días desde que Varela y Erazo mantuvieron la reunión”.
“No se ha podido evidenciar que el presidente Lasso, o alguna autoridad delegada por él, haya solicitado información adicional de estas investigaciones que se habían desarrollado por parte de la Policía Nacional y sus unidades, lo que denotaría la presencia de grupos de delincuencia transnacional debidamente identificados, como es la mafia albanesa o, peor aún, que haya iniciado acciones penales en contra de funcionarios públicos o personas particulares por supuestos delitos de tráficos de influencia u oferta de tráfico de influencia, toda vez que el señor presidente Lasso, tuvo pleno conocimiento que se estarían gestionando la entrega de cargos públicos presumiblemente por intermedio de su cuñado, Danilo Carrera”.
Los avances y desarrollo de la investigación por parte del equipo especializado de tareas de seguimiento e interceptación a cargo de varios oficiales de la Policía Nacional, pudo haber develado a más integrantes de la organización y empresas que eran utilizadas para el tráfico de drogas y delitos conexos, así como también, a más personajes políticos y personas particulares involucrados en delitos de tráfico de influencia y contra la administración pública.
Curiosamente también los oficiales a cargo de la investigación denominada León de Troya fueron traslados y asignados a otras unidades y provincias, como obra del Memorando No. PNDIGN-DN-A-QX—2021-16622, de 13 de diciembre de 2021, suscrito por Gilberto Ponce Parra, Director Nacional de Investigación Antidrogas.
De tal manera, la excomandante general de Policía Tannya Varela, decide SEPARAR a los funcionarios policiales que integraron la unidad investigativa de dicho caso.
Varela Coronel habría solicitado también a uno de los oficiales de la investigación “León de Troya” que agregue y haga constar en el informe los nombres de los generales Pablo Rodríguez, Inspector General de la Policía; Edgar Correa, director de Bienestar Social; Paulo Terán, director de atención integral de Salud, como involucrados con organizaciones narcodelictivas, a lo que el agente se negó.
El 4 de agosto de 2021, mediante Decreto Ejecutivo 146, Guillermo Lasso se dio a conocer el cese de funciones a cuatro generales de la Policía y desde esa fecha, los oficiales dejaron de pertenecer a la institución, la razón, por “no haber cumplido con los requisitos exigidos” en el art. 94 del Código de Entidades de Seguridad, en la que se refiere a los requisitos para el ascenso de los servidores policiales”.
Para la cesación se tomó en cuenta el informe técnico. No. 2021-016-CsG-PN, que contiene la documentación relacionada al cumplimiento de requisitos dentro del proceso de ascenso al inmediato grado superior de los oficiales del nivel de Gestión DirectivaConducción y Mando, pertenecientes a la Quincuagésima Promoción de Oficiales de Línea. Este informe se lo elaboró el 15 de julio de 2021, 8 días después de la reunión con el presidente Guillermo Lasso.
El 6 de agosto de 2021, mediante Informe Técnico Jurídico No. 2021- 103- CsGPN, suscrito por el Director de Asesoría Jurídica y el secretario del Consejo de Generales de la Policía Nacional a la época, se informó que los coroneles de Policía de la Quincuagésima Cuarta Promoción de Oficiales de Línea han cumplido con los requisitos 6566 establecidos en el Art. 94 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público por ende fueron calificados como idóneos para su ascenso al grado de General de Distrito de Línea de los coroneles Edwin Noguera Cozar, Pablo Ramírez Erazo, Freddy Sarzosa Guerra, y, Freddy Goyes Silva.
El 23 de agosto mediante Decreto 173 Lasso asciende al grado de General a los coroneles antes identificados.
Noguera Cozar es esposo de la excomandante general de Policía Tannya Varela, en funciones a la fecha de ascenso. Una fuente humana informó al Frente Parlamentario que existían varios conflictos entre la excomandante general y los exgenerales cesados por el presidente de la República, toda vez que era indispensable para ella que estos sean cesados ya que si ascendían formarían parte del Consejo de Generales, del cual para agosto del año 2021, su única integrante era la exgeneral Varela Coronel y si estos eran miembros integrantes de dicho consejo se opondrían al ascenso de su esposo.
Varela, Ponce Parra y Vargas Villacís temían que todo el acervo documental y medios magnéticos que se habían recabado “podían caer en manos equivocadas y generar una crisis interna por lo que era indispensable tomar una decisión estratégica que pueda prevenir y mitigar cualquier acción”.
Por eso el general Ponce, en calidad de Director Nacional de Investigación Antidrogas, ordena el cierre la investigación de una manera apresurada sin tomar medidas óptimas para dirigir a los supuestos involucrados previamente identificados en los presuntos delitos de tráfico de drogas y delitos contra la administración pública y tráfico de influencias ante las autoridades correspondientes y más aún, cuando esta investigación fue coordinada también con la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y la Administración de Control de Drogas en inglés: Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés, quienes investigaban desde hace varios años atrás los nexos de los miembros de la mafia albanesa que opera en el Ecuador mediante la exportación de banano hacia Europa y en los últimos años mediante empresas pesqueras.
Por la fuente humana el Frente Parlamentario Anticorrupción, también conoció que a más de los generales Giovanni Ponce Parra y Mauro José Vargas Villacís, el general Freddy Omar Goyes Silva, exdirector de la Escuela de Policía Nacional y quien también ocupó el cargo de exdirector nacional de Investigación de la Policía Judicial estaba al tanto de toda la investigación que se denominó “León de Troya” razón suficiente por la que hasta mantuvo en sus cargos pese a que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza el 23 de septiembre de 2022, solicitó a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas, dos días después de que se confirmara el femicidio de la abogada María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía.
