Minería ilegal y su rastro doloroso e impune: contamina ríos y deja sin agua al cantón Camilo Ponce Enríquez

La población del cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia del Azuay, vive sin agua y sin seguridad. La minería ilegal destruyó el río Guanache y ahora va por el río Gala, mientras hombres armados amenazan a quienes se atrevan a denunciar.
«El cause del río Guanache que cruzaba el centro de Ponce Enríquez, a 500 metros del municipio y de la Fiscalía, ya desapareció. Su cause, fue desviado por el trabajo de las retroexcavadoras y contaminado por los químicos usados para extraer el oro», lamenta un morador de la zona, quien ocultó su identidad por temor a represalias de los grupos armados que le dan seguridad a las mineras ilegales.
Manuel Fajardo, otro habitante de la zona, agrega que la contaminación no es el único problema, sino también las fallas geológicas provocadas por el trabajo de remoción de tierras que hacen las retroexcavadoras que buscan oro. Según Fajardo, su casa está a punto de caer. Dijo temer por su vida y la de su familia. “Están trabajando sin permisos”.
Este equipo periodístico, durante un recorrido por la zona, fue interceptado por hombres en moto, quienes nos advirtieron que debíamos salir de la zona para evitar problemas.
La misma situación de contaminación ocurre en el sector Bella Aurora, por dónde pasa el río Gala. Ahí, los mineros irregulares, trabajan sin el control de las autoridades municipales ni del Gobierno Central. Sin embargo, la población de la zona, en lo que está a su alcance, trata de cuidar el río y sus alrededores.
“Estamos conscientes que la actividad minera en Ponce Enríquez es primordial para mantener la economía popular, pero se deben extraer los minerales en orden y lo que existe aquí es un total desorden”, manifestó otro morador desde la clandestinidad.
Sandro Cabrera, miembro del Comité por defensa del rio Gala, pidió el apoyo de la actual administración municipal para cuidar los recursos hídricos del cantón, aunque la comunidad ya está trabajando por su cuenta.
La actual alcaldesa de Ponce Enríquez, Magali Sánchez, en su plan de trabajo para llegar al puesto que ostenta, indicaba que solucionaría el problema, pero en dos años de gestión no ha hecho nada. (El plan de trabajo está en la página web del municipio).
Baldor Bermeo, exburgomaestre del cantón, denuncia que Sánchez se ha dedicado a realizar estudios repetidos de obras, generando gastos innecesarios y más problemas financieros para el cabildo.
Bermeo sostiene que en su administración los permisos de uso de suelo para actividades mineras en los ríos del cantón y sus inmediaciones fueron negados.
Este medio de comunicación consultó a Sánchez que ha hecho para evitar la contaminación de los ríos, partiendo de sus competencias porque ese tipo de actividad minera debe tener permiso de uso de suelo y patente municipal, lo cual no poseen.
Ante las acusaciones por su inacción en el cuidado de los recursos hídricos, la actual alcaldesa de Ponce Enríquez divaga y solo responde que su administración realizó un informe sobre la situación de la contaminación de los ríos y lo remitió a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y al Ministerio de Ambiente.
Para Bermeo eso es una lavada de manos de la alcaldesa Sánchez, lo cual terminará de destruir los recursos hídricos de Ponce Enríquez. Actualmente, la población recibe el agua potable del cantón Pucará.
La contaminación de los ríos en Ponce Enríquez no es el único problema que no ha podido solucionar la actual alcaldesa. Sánchez es acusada por exfuncionarios municipales de no pagarles sus liquidaciones completas como en muchos de las casos las ordenó la justicia.
Eber Burbano, exdirector de Participación Ciudadana de Ponce Enríquez, denuncia que para cobrar su liquidación tuvo que pagar el 50% que le correspondía.
Está situación también fue negada por el departamento jurídico de la actual administración municipal de Ponce Enríquez. Los abogados de esa dependencia aducen que todos los pagos realizados han sido bajo un acuerdo con los exfuncionarios municipales, quienes perdonaron las multas al municipio y solo cobraron los rubros adeudados por el no pago de sus salarios.
Actuales funcionarios denunciaron también que el municipio de Ponce Enríquez no paga las aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pese a que el Estado ha cumplido con las asignaciones.