El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acusó al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez y su entorno, de buscar postergar nuevamente su presentación ante el juez por el caso de tráfico de combustibles, conocido como Triple A, en donde Álvarez es acusado por la Fiscalía.
Lo hizo durante su comparecencia, hoy, en la Asamblea Nacional.
Según el titular de la Judicatura, “existe un entramado articulado desde sectores políticos y mediáticos para dilatar audiencias judiciales y asegurar impunidad en procesados vinculados a casos emblemáticos”.
Godoy sostuvo que el punto de quiebre fue el 22 de noviembre de 2025, fecha en la que coinciden audiencias y procesos sensibles: el caso de Aquiles Álvarez, acusado de operar una millonaria red de tráfico de combustibles, la causa de la general Tanya Varela, el expediente del caso Sinohydro y el asesinato de Fernando Villavicencio. A su criterio, desde ese momento se “activó un linchamiento mediático con un objetivo claro: tomarse la justicia para lograr impunidad”.
El denunciante reveló que el 20 de diciembre de 2025 una persona con vínculos con la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) y con el gobierno del expresidente Guillermo Lasso contactó a uno de sus asesores. El mensaje fue directo le ofrecieron apoyo político a cambio de mover la audiencia de Aquiles Álvarez para mayo: el mensaje decía “hasta ayer querían ayudar RC con bajar el tema político, si mueven la audiencia de Aquiles para mayo”
Otro mensaje recibido fue aún más explícito: “El principal sponsor actual de RC es Aquiles (…) el jefe de bancada hace todo lo que Aquiles diga”.
Godoy afirmó además que esta persona anticipó la difusión de audios del juez Carlos Serrano para intentar desprestigiarlo, audios que efectivamente circularon el 22 de diciembre de 2025 en redes sociales del periodista Anderson Boscán.
Para Godoy, esto demuestra que la “ofensiva estaba planificada y cronometrada con el fin de evitar que el alcalde de Guayaquil, enfrente a la justicia por el millonario caso en su contra. También mencionó la relación de otros periodistas y agencias de comunicación vinculados al alcalde y al municipio en el supuesto linchamiento”.
Godoy sostuvo que estas acciones no solo buscan impunidad, sino que han puesto en riesgo su seguridad y la de su familia. Denuncia intimidaciones directas y responsabiliza públicamente a Aquiles Álvarez, a la bancada de RC y a actores mediáticos por cualquier daño que pueda ocurrirle.
Mario Godoy también pidió que se investiguen posibles conexiones con exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso y alertó sobre lo que podría revelarse en el caso de la general Tanya Varela, donde se mencionan nombres como Danilo Carrera, Rubén Cherres y Dritan Gjika. El funcionario anunció que toda esta información será puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, con solicitud de actos urgentes. .
Tiple A y Aquiles: tráfico de combustibles
El denominado caso Triple A revela un presunto esquema sistemático de comercialización ilegal de combustibles subsidiados, con traslados no autorizados de gasolina y diésel entre segmentos -automotriz, industrial y naviero-, ventas a “consumidores finales fantasmas” y registros de consumos físicamente imposibles.
Christian Puente, director ejecutivo encargado de la ARCH, defendió la tesis técnica del proceso y rechazó que se trate de una persecución política. Según la investigación, se habrían comercializado ilegalmente alrededor de 22,7 millones de galones de combustible subsidiado, en una estructura que cuenta con 22 procesados (personas naturales y seis jurídicas). Una pericia financiera incorporada al expediente estima un perjuicio al Estado de hasta $ 94 millones.
La defensa legal del alcalde, no niega que se hayan presentado irregularidades en las estaciones de servicio, de hecho las admite; pero asegura que la responsabilidad por ventas al consumidor final recae en las estaciones de servicio o gasolineras, no en las comercializadoras que despachan el combustible. El director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos manifiesta que los contratos de comercialización establecen un deber de control activo y permanente, cuyo incumplimiento configura la responsabilidad penal. Así se expresa en los contratos firmados por el mismo alcalde:
Las obligaciones de la comercializadora, según contrato, son “proveer de combustibles líquidos derivados del petróleo exclusivamente a los distribuidores autorizados (…) Verificar que los distribuidores autorizados de su red no desvíen el combustible entregado por Petroecuador (…) Ejecutar la venta de los productos adquiridos para el segmento bajo su responsabilidad (…)
Por lo tanto, las comercializadoras de Álvarez debieron contar con mecanismos de control y auditoría para vigilar lo que sucedía en su red de distribuidores afiliados (gasolineras), añadió el director ejecutivo.
Uno de los ejemplos más citados en este caso es el del Chevrolet Cruze, un vehículo liviano del año 2013, motor 1.6 al que se le facturaron 145.000 galones de combustible en dos años, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024. Los peritos concluyeron que el consumo es físicamente imposible: el vehículo habría tenido que tanquear completamente 8,4 veces al día, todos los días, durante más de dos años.
El caso del Chevrolet Cruze se registró en una gasolinera de la provincia de Guayas, perteneciente a la operadora Fuelcorp -una de las empresas procesadas como persona jurídica-, cliente afiliado a la comercializadora Copedesa, de propiedad de alcalde y su familia.
Otro caso corresponde a una Toyota Hilux 2012, motor a gasolina, a la que se le facturaron 40.458 galones de diésel en ese periodo, una incoherencia técnica que refuerza la hipótesis de registros administrativos simulados. Un carro de gasolina no puede abastecerse de diésel.
