El 24 de marzo de 2025 Guayaquil News siguió la pista de Mario Rodrigo Aguilera Lalama: un hombre dedicado a las subastas y la compraventa de vehículos que, según registros públicos, utilizaba más de un número de cédula y no reportaba impuesto a la renta. Diez días después, el 3 de abril, un ciudadano tomó esa publicación, le sumó capturas de registros oficiales y la convirtió en una denuncia ante la Fiscalía del Guayas. Un año y medio más tarde, el caso sigue en investigación previa.
Este medio volvió sobre el caso. En ese tiempo, el expediente 090101825040463 se llenó de piezas. Estados de cuenta de Produbanco incorporados a la causa muestran que, entre 2010 y 2024, las cuentas de Aguilera recibieron créditos netos por $ 3’717.117. Y un agente de la Policía Judicial pidió en enero gestionar su detención con fines investigativos, un requerimiento que, según los documentos revisados por Guayaquil News, no consta presentado ante un juez.
Del reportaje a la Fiscalía
El denunciante dice en su escrito que conoció el caso por la investigación de este medio, «Tras la pista de Mario Aguilera Lalama: dinero sin pagar impuesto e “identidades robadas”», y cita su enlace. Aquella nota documentó que Aguilera se dedicaba desde hacía años a subastas y compraventa de vehículos y repuestos, un negocio que habría aprendido en la empresa Provemovil.
La denuncia retoma los hallazgos de Guayaquil News y les suma capturas de registros públicos y privados. Según el escrito, Aguilera habría utilizado tres números de identificación distintos. Uno de ellos pertenecería a un ciudadano de Daule a cuyo nombre -afirma el denunciante- se tramitaron créditos por más de $ 150.000 para comprar una casa en una urbanización de la vía a la costa en la que vivía Aguilera.
Los registros de la Superintendencia de Compañías demuestran que Aguilera Lalama consta como accionista de las empresas Subastas IVG SAS y Call-Soltions S.A. con el número de cédula 0906275680, mientras que como gerente de Modaltrade, figura con el # 0906375688.
El documento adjunta consultas de la Superintendencia de Compañías en las que aparecen dos números de cédula asociados al nombre de Aguilera, y registros de una aseguradora con pólizas de vehículos emitidas entre 2009 y 2014 bajo dos números distintos. Enumera además nueve vehículos que habrían estado a su nombre en distintos años, entre ellos dos Land Rover de 2008 y 2013 y una camioneta Ford F-150 asegurada por $ 37.352.
LAS CIFRAS DEL EXPEDIENTE
$ 3,72 millones en créditos netos en cuentas de Produbanco a nombre de Mario Aguilera (2010-2024).
$ 1,45 millones ingresaron como depósitos en efectivo; USD 1,58 millones, en cheques.
$ 199.000 el depósito individual más alto: un cheque del 7 de julio de 2022.
$ 0 de impuesto a la renta causado en los formularios visibles de 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021.18 meses han pasado desde la denuncia; la investigación sigue en fase previa.
En la Superintendencia, según las capturas, Aguilera figura como presidente de Subastas IVG S.A.S., constituida en 2023 en Quito, y como gerente general de Call-Solutions S.A. desde 2017. El denunciante sostiene que se mudó a la capital para continuar con el negocio de subastas. También adjunta tres procesos civiles registrados en el sistema judicial con Aguilera como demandado, entre ellos un cobro de pagaré de 2022.
Con base en ello, el denunciante pidió a la Fiscalía investigar cinco posibles delitos: usurpación de identidad, estafa, falsificación y uso de documento falso, evasión tributaria y lavado de activos. Esa calificación es suya: la Fiscalía abrió la causa por suplantación de identidad, el único tipo penal que figura en el formulario oficial de recepción, en el que Aguilera consta como sospechoso.
Lo que en marzo de 2025 era una investigación periodística pasó a ser, desde abril, materia de una investigación penal. En esta segunda entrega, Guayaquil News buscó la versión de Aguilera, quien no ha repondido por la vía consultada, un mensaje de WhatsApp y dos correos eléctrónicos de la compañía Subastas IVG SAS.
EL CASO, PASO A PASO
- 24 mar 2025 Guayaquil News publica «Tras la pista de Mario Aguilera Lalama: dinero sin pagar impuesto e “identidades robadas”».
- 3 abr 2025 Diez días después, un ciudadano presenta la denuncia 090101825040463 con base en esa investigación. Se asigna a la Fiscalía de Fe Pública 6.
- 18 nov 2025 Aguilera es convocado a rendir versión ante la Fiscalía.
- 19 ene 2026 Un agente de la Policía Judicial pide al fiscal gestionar su detención con fines investigativos.
- 26 ene 2026 Cambia la titularidad del despacho fiscal a cargo.
- 21 jul 2026 Un informe técnico al que accedió Guayaquil News ordena las piezas del expediente: no consta que el pedido de detención se haya presentado a un juez.
Efectivo, cheques y transferencias
Los estados bancarios que luego se sumaron al expediente aportan una dimensión que la denuncia no tenía. Del total acreditado en las cuentas de Aguilera, $ 1’454.702,49 ingresaron como depósitos en efectivo, $ 1.582.622,85 en cheques y $ 679.792,57 por transferencias. Una primera cuenta concentra $ 3’003.101,12 en 1.039 movimientos entre 2010 y 2021; una segunda, abierta en 2022, suma $ 714.016,79 en 203 movimientos hasta febrero de 2024.
El año de mayor actividad fue 2012, con USD 486.980,38. Le sigue 2022, con USD 397.134,33, impulsado por un solo cheque de USD 199.000 depositado el 7 de julio, el movimiento individual más alto del expediente. En octubre de 2016 se registró otro cheque por USD 186.413,50.
DEPÓSITOS FRENTE A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL SRI — MARIO AGUILERA
| Año | Lo que muestra la consulta del SRI | Créditos bancarios (USD) |
| 2016 | Formulario 107 · impuesto causado USD 0 | 269.402,40 |
| 2017 | Formulario 107 · impuesto causado USD 0 | 188.068,58 |
| 2018 | Formulario 107 · impuesto causado USD 0 | 159.953,53 |
| 2019 | Registro ilegible | 253.858,36 |
| 2020 | Formulario 107 · impuesto causado USD 0 | 147.186,85 |
| 2021 | Formulario 107 · impuesto causado USD 0 | 84.503,09 |
| 2022 | Declaración aún no presentada | 397.134,33 |
Fuente: estados de cuenta Produbanco y capturas del SRI del expediente 090101825040463. Elaboración propia.
El expediente incluye también estados de cuenta de su cónyuge, con créditos por $ 393.596,68 en el mismo periodo. Guayaquil News omite en esta entrega su identidad porque no figura como sospechosa en la denuncia.
La denuncia afirma que Aguilera «nunca ha pagado impuesto». Las capturas del Servicio de Rentas Internas (SRI) que constan en el expediente matizan esa frase sin desmentirla: no son declaraciones completas, sino la consulta pública «Impuesto a la Renta Causado y Salida de Divisas». En ella, los años 2016, 2017, 2018, 2020 y 2021 aparecen con formularios 107 —el comprobante de retenciones que emiten los empleadores a sus trabajadores— y un impuesto causado de $ 0. Para 2022, la declaración figuraba como no presentada. Uno de los RUC a su nombre consta suspendido por cese de actividades.
La diferencia no prueba por sí sola una evasión. Un informe técnico de revisión documental fechado el 21 de julio de 2026 advierte que un depósito puede provenir de préstamos, ventas de bienes —como vehículos—, transferencias entre cuentas propias o devoluciones, y que solo una conciliación con facturas, contratos y declaraciones completas permitiría establecer si hubo renta no declarada.
El pedido que no avanzó
El pedido no avanzó
Siete meses después de la denuncia, el 18 de noviembre de 2025, Aguilera fue convocado a rendir versión, según difundió Periódico GN en la red social X. El 19 de enero de 2026, el sargento segundo Roberto Segundo Montes Cayo, agente investigador de la Policía Judicial de la Zona 8, firmó el informe PN-Z8-JINVPJ-SM-2026-INF-01775. En su numeral 5.1 pidió al fiscal que, «salvo su mejor criterio y ponderación jurídica», solicitara al juez de turno una orden de detención con fines investigativos contra Aguilera, al amparo del artículo 530 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El informe estaba dirigido al fiscal José Oswaldo Bravo Salazar, de la Fiscalía de Fe Pública 6, el mismo despacho al que se asignó la denuncia. Una semana después, el 26 de enero, una acción de personal registró un cambio en la titularidad de ese despacho; la copia del expediente no permite identificar con certeza a la nueva fiscal a cargo.
En las piezas revisadas no figura que el fiscal Bravo, ni quien lo reemplazó, haya presentado la solicitud ante un juez, ni que exista una boleta de detención. Sí constan escritos posteriores del denunciante en los que pide que se ejecuten las diligencias recomendadas por el agente.
La figura solicitada no equivale a prisión preventiva. Según los artículos 530 a 532 del COIP (Código Integral Penal), la detención con fines investigativos la ordena un juez a pedido motivado del fiscal, sirve para recabar información y no puede durar más de 24 horas. Una recomendación policial tampoco obliga al fiscal: le corresponde evaluar su legalidad, necesidad y proporcionalidad. Lo que sí exigen la Constitución y el COIP es que la investigación avance con diligencia y con respuesta motivada a las peticiones de la víctima.
La suplantación de identidad se sanciona con uno a tres años de prisión, según el artículo 212 del COIP. Para delitos con pena de hasta cinco años, la ley fija un plazo de hasta un año para la investigación previa, contado desde que la Fiscalía conoce los hechos. Si la Fiscalía indaga también delitos de pena mayor, como la estafa que menciona la denuncia, el plazo se extiende hasta dos años. La denuncia ingresó en abril de 2025.
