La Unidad Judicial Norte 2 Penal de Guayaquil declaró válido el proceso penal dentro del caso que investiga presuntas irregularidades en operaciones financieras vinculadas al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S.A. y recursos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
En una resolución de 76 páginas emitida el 28 de abril de 2026, el juez rechazó múltiples pedidos de nulidad planteados por las defensas y dio paso a la continuación de la causa por el delito de falsedad de información en el mercado de valores.
Según la Fiscalía se habrían emitido certificados falsos sobre inversiones por $ 693 millones
Según la acusación fiscal, el Decevale habría actuado como custodio de operaciones financieras internacionales sin respaldo legal dentro de la normativa ecuatoriana. La Fiscalía sostiene que se emitieron reportes y certificaciones que aseguraban que el Instutito mantenía inversiones por aproximadamente 693 millones de dólares, pese a que varios de esos instrumentos no constaban inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores.
El eje central de la investigación apunta a operaciones conocidas como “reportos privados”, negociaciones financieras que —según la Superintendencia de Compañías— no estaban contempladas en la legislación vigente del mercado bursátil ecuatoriano. La Fiscalía asegura que Decevale, cuyo accionista mayoritario es la Bolsa de Valores de Guayaquil, participó en estas transacciones usando estructuras internacionales relacionadas con la firma panameña IBcorp, del Jorge Chérrez Miño.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la referencia a transferencias millonarias hacia cuentas en el exterior. El Ministerio Público afirma que parte de los recursos del Isspol terminaron en cuentas vinculadas a IBcorp mediante mecanismos operados desde Decevale. Chérrez se encuentra en México.
A seis años de la denuncia por un posible delito de peculado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), el ministro del Interior, John Reimberg, pidió a jueces y fiscales de Ecuador que el caso no quede “en la impunidad”.
En un video colgado este 20 de mayo de 2026 en su cuenta de X, el ministro del Interior, John Reimberg apareció rodeado de algunos policías y se refirió al perjuicio económico de $ 693 millones que debían ser custodiados por el Decevale.
Los principales procesados del caso
- Rodolfo Gabriel Kronfle Akel, expresidente del directorio de Decevale y expresidente del Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
- Carlos Alberto Carbo Cox, exgerente general.
- Oriana Alexandra Rumbea Thomas, exgerente financiera.
- Luis Alberto Álvarez Villamar, exgerente operativo.
- Jorge Oswaldo Cherrez Miño, vinculado a compañías panameñas que participaron en las operaciones investigadas.
La acusación sostiene que varios de ellos habrían participado en la planificación, autorización y ejecución de transferencias internacionales, emisión de certificaciones y registro de operaciones presuntamente irregulares.
Fiscalía habla de “dominio funcional del hecho”
El fiscal Olmedo Vélez argumentó que los procesados no actuaron de manera aislada, sino dentro de una estructura coordinada donde cada funcionario cumplía roles específicos.
La teoría utilizada por la Fiscalía es la del “dominio funcional del hecho”, con la que intenta demostrar que los directivos y mandos medios habrían permitido o facilitado operaciones financieras irregulares mediante autorizaciones, transferencias, registros contables y manejo de custodias internacionales.
Durante la audiencia preparatoria de juicio, las defensas plantearon varias objeciones:
- Supuestas violaciones al debido proceso;
- Doble juzgamiento;
- Falta de competencia;
- Prescripción;
- Cuestionamientos sobre la participación de la Policía Nacional en las investigaciones.
Sin embargo, el juez concluyó que no existían irregularidades suficientes para invalidar el proceso y sostuvo que las actuaciones fiscales y judiciales se realizaron bajo control jurisdiccional. También descartó el argumento de “non bis in idem” —doble juzgamiento— al señalar que no se demostró identidad plena entre esta causa y otro proceso relacionado.
El expediente forma parte de las investigaciones derivadas de las millonarias pérdidas sufridas por el Isspol en operaciones bursátiles y mecanismos financieros internacionales que se ejecutaron durante varios años.
La Fiscalía sostiene que Decevale emitió reportes de custodia y estados de cuenta que daban apariencia de legalidad y respaldo financiero a operaciones que no cumplían con las normas del mercado ecuatoriano.
Con esta resolución, el caso avanza hacia la etapa de juicio, donde un tribunal deberá determinar si existió responsabilidad penal de los procesados
