Los asambleístas Álex Toapanta Jami y Dina Maribel Ferinango solicitaron al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo Rendón, información relaciona con la muerte de uno de los manifestantes en el cantón Otavalo. Esto en el marco de las protestas del sector indígena.
El 22 de septiembre de 2025 inició un Paro Nacional convocado por la CONAIE, en
rechazo al Decreto Ejecutivo No. 126, que eliminó el subsidio al diésel. Durante las primeras jornadas se registraron cierres de vías y manifestaciones en varias provincias de la Sierra, especialmente en Latacunga (Cotopaxi), Imbabura y el norte de Pichincha, así como enfrentamientos con la fuerza pública en sectores como San Miguel del Común, Quito.
La respuesta estatal “derivó en una intensificación de la represión, con militarización de territorios indígenas, uso de fuerza letal, gas lacrimógeno y armas de fuego contra los manifestantes. El 28 de septiembre de 2025 se confirmó la muerte del comunero indígena Efraín Fueres, de 46 años, en Cotacachi (Imbabura), como consecuencia de un impacto de bala durante una protesta pacífica. Se reporta además otra persona en estado crítico”.
Le piden al Lofredo identificar con nombres, rangos y unidades a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo realizado en Otavalo el 28 de septiembre pasado. Y también justificar, con la normativa vigente y protocolos aplicados, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en dicho operativo, explicando las razones por las cuales se consideró proporcional y necesario el accionar observado en un vídeo que, sobre la muerte del comunero, circula en redes.
El ministro debe explicar también el número de efectivos militares desplegados; informe detallado del número de efectivos militares movilizados a cada provincia y
cantón del país desde el 22 de septiembre de 2025; especificar las fechas de inicio y término de cada despliegue; fundamento legal y administrativo; copias certificadas de las disposiciones, resoluciones o mandatos que autorizaron los operativos militares realizados en dicho período.
Topanta y Ferinango exigen también informar sobre los operativos y objetivos; relación de los operativos ejecutados en territorios de comunidades, pueblos indígenas, organizaciones gremiales y estudiantiles, indicando su objetivo declarado y señalar si se trató de actividades de control de protestas, protección de infraestructura
estratégica o apoyo a la Policía Nacional.
Entre otros pedidos están:
- Informe de los protocolos utilizados respecto al uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
- Relación de los incidentes que hayan derivado en detenciones, lesiones o muertes.
- Copia de los partes militares levantados en cada caso.
- Detenciones y judicialización
- Número de personas detenidas durante los operativos, indicando lugar, fecha, nacionalidad y organización a la que pertenecen.
- Precisar si fueron puestas a órdenes de la autoridad competente y adjuntar copias de los expedientes judiciales o administrativos iniciados.
- Impacto en derechos colectivos
- Informe sobre si se realizaron coordinaciones previas con las autoridades comunitarias y organizaciones sociales afectadas antes del ingreso de fuerzas militares a sus territorios.
- Señalar si se han registrado denuncias de vulneración de derechos colectivos reconocidos en los artículos 57 y 171 de la Constitución.
- Presupuesto y logística
- Detalle de los recursos económicos destinados a los despliegues militares en este período, desagregados por provincia y cantón.
Los asambleístas piden también “indicar si se utilizaron partidas presupuestarias extraordinarias”.
