(II entrega) De todo se ha hecho para quitarle las tierras a una familia para una supuesta expansión de camaroneras. La Fiscalía debe investigar. Hay nombres.
Tener que gastar miles de dólares en contratar abogados para procesos judiciales y hasta soportar las amenazas de la delincuencia organizada -incluida la presión de la policías corruptos-, es lo que, desde el año 2014, le ha tocado vivir a la familia Enríquez Morales y Aguirre Morales (herederos propietarios).
Los traficantes de tierras enquistados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el Gobierno de Rafael Correa hasta el de Daniel Noboa, han llevado a cientos de agricultores y dueños de predios rurales hasta la desesperación. Cada día Guayaquil News es contactada para denunciar nuevos casos. En el MAG nada hace el ministro bananero Danilo Palacios: ninguna auditoría, ningún responsable.
En la segunda entrega de este caso, Silvana Enríquez revela que los mismos que adjudicaban propiedades que ya tenían dueños, le manifestaron que gente armada y funcionarios de mayor rango de los gobiernos los amenazan para que firmen y que incluso un juez (hoy involucrado en el caso Purga), contra toda norma legal, deshizo una decisión en MAG de dar marcha atrás en una adjudicación ilegal.
En este caso, las adjudicaciones dolosas, como dice ella, tienen los mismos síntomas de otras ya denunciadas en Guayaquil News: parejas de esposos que nunca han vivido en las zonas eran beneficiarios de adjudicaciones entregadas por el MAG, después las vendían a otra persona, para luego, en la tercera venta, llegar a manos de quien ponía el dinero en los bolsillos de los funcionarios corruptos del Ministerio de Agricultura.
“Los Herederos de la familia Enriques Morales y Aguirre Morales somos legítimos propietarios (en nuestras calidades de herederos) de los predios denominados hacienda Las Jaguas y La Edelmira, adquiridos por compra directa a perpetuidad por mis fallecidos padres, Elsa María Morales Saá y Jaime Gonzalo Enríquez Tinajero”, cuenta Silvana.
Son lotes de terrenos rústicos situados en la parroquia Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas. Aquí los detalles de esta «masacre» a la propiedad privada.
La hacienda Las Jaguas ha sufrido varias invasiones, con dos adjudicaciones “fraudulentas”. Primera invasión. Con la Providencia de Adjudicación # 1911G00617, del 11 de noviembre del 2019, sobre un lote de terreno de una superficie de 83,7905 hectáreas, Marcos Andrés Andrade, del MAG, entregó estas tierras a los beneficiarios (“testaferros”) María Angelina Núñez Aranda y Homero Fernández Larrea García (cónyuges) en un tiempo récord de 22 días. Andrade fue después director del Iniap (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias).
La segunda adjudicación -de esas misma tierras- fue con la providencia # 1911G00618 del 30 de mayo del 2019 adjudicadas como tierras del Estado cuando eran privadas, las mismas hectáreas de la primera adjudicación fueron entregadas a Brendy Alexandra Díaz Franco y Cristhian Eduardo Vásquez Larrea, también cónyuges, firmada también por el entonces director distrital del MAG, Andrade Espinel, tramitadas también en un tiempo récord de 22 días.
“En este caso los dos adjudicatarios o testaferros en varias ocasiones invadieron nuestra propiedad en Las Jaguas, pero con ayuda de la Policía que no estaba (aún) vendida a los traficantes de tierras procedían a explicarles que esa documentación decía hacienda la Bélgica y que dónde habían Ingresado era la hacienda Las Jaguas, propiedad de la familia Enríquez”. Salieron, pero regresaron.
El 10 de octubre del año 2022 estando mi hermana (Nancy, quien fue baleada) herida de gravedad en el hospital Luis Vernaza, y acompañándola nosotros en el hospital, fuimos informados que habían llegado a invadir nuestra propiedad; en ese momento tuvimos que trasladarnos a nuestra propiedad con la Policía, en este caso ya no era la misma gente que en otras ocasiones ingresaban a invadir. Eran personas que manejaban armas con un proceder agresivo (bandas criminales). “De nuevo les hizo entender que la propiedad que ellos tenían en sus papeles era de una hacienda que quedaba a 8 kilómetros”.
Amenazando a los dueños verdaderos, se retiraron, pero el día 12 de octubre les informaron que había gente merodeando la propiedad y antes de llegar al kilómetro 11, “divisamos una caravana de hombres y mujeres en carros y plataformas llenas de maquinarias, quienes rodearon nuestro carro. Eran unas 30 personas que querían bajarnos, raptarnos o matarnos”.
A pesar de que el MAG anuló las adjudicaciones mencionadas el exjuez del cantón Yaguachi, Jhon Rodríguez Mindola, -quien le dio el hábeas corpus al exvicepresidente Jorge Glas-, sentenció que ya no estaban anuladas y que la familia Enríquez no podía realizar ningún trámite ni reclamo en ninguna institución, entre ellas el MAG.
En relación con este caso se ha llamado a una audiencia el día 21 de junio del 2024 en la Corte de aquí de Guayas. La osadía llega a tal punto que “un fiscal con un juez de Naranjal nos quieren formular cargos y mandarnos a detener: este fiscal se llama Jhen Zambrano Vera”.
En el caso de la hacienda Edelmira, situada a la altura del bypass del control de inundaciones, legalmente adquirida como propiedad privada por compra a perpetuidad por los Enríquez e inscrita hace más de 44 años por la registraduría de la Municipalidad del cantón Naranjal, ha sufrido varias invasiones con «adjudicaciones forjadas» desde el año 2014 hasta el año 2023.
Silvana denuncia que una poderosa empresa camaronera solicitó al MAG, en Guayaquil, que les emita garantías y medidas cautelares a su favor, “porque tienen muchas influencias sociales y políticas en las instituciones públicas, por lo que denuncian como invasores a los verdaderos dueños, con el trámite 087-2014, tramitadas por los abogados de Guayaquil». Seguramente «por estos temas querían llegar a la Presidencia de la República a través de un familiar»
Y el Ministerio de Agricultura “les concede en un tiempo récord las garantías solicitadas con un documento fraudulento de garantías y medidas cautelares a su favor”, así “ingresan a nuestra propiedad y se toman el canal de aducción que surte de agua a nuestra camaronera y el muro donde están las compuertas de apertura y cierre del paso de agua de las piscinas de nuestra camaronera, instalando allí campamentos improvisados y colocando personal de seguridad armado para impedir con esto nuestros reclamos y el ingreso a nuestros predios”.
Estas garantías le fueron dadas el 01 de septiembre del 2014 a las 09:00 por la abogada Sara María Pincay Morla, directora técnica del área del Distrito Occidental del MAG. Y es con este documento que hoy por hoy, a pesar de haber demostrado hasta la saciedad el fraude ejercido, señala Enríquez, se mantiene en un silencio tal que viola aún más nuestros derechos, pues no se nos ha devuelto totalmente nuestro predio a su estado inmediato anterior”.
En este caso la compañía Santa Priscila, “nos hace llegar una propuesta de compra, pero lo que querían era que le firmemos unos papeles cómo si fuéramos posesionarios, a lo que nos negamos rotundamente». Les ofrecieron $ 20.000 por cada hectárea. El abogado que les tramita esta causa ha estado en estas invasiones, y hay fotografías de aquello, se indica.
Otra adjudicación «ilegal» data del 19 de enero del 2017 a favor de Christian Antonio Jaramillo Quimí, y es la número 1701G00024, cómo representante de la compañía Asoagrodimay por 125 hectáreas. “En este caso ingresaron a invadir nuestra propiedad con violencia y a mansalva raptando en horas de la mañana a nuestros trabajadores, hasta las 16:00. Sobre esta adjudicación los Enríquez consiguieron la revocatoria, con la Resolución #00000405 del 17 de abril del 2017 dada por Juan Castro Miño, Director Técnico de Áreas del distrito Occidental, Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria.
Otras adjudicaciones, como la #394379, se han dado a favor del Ronald Gino Jarrín Méndez, sobre un lote de terreno sin especificar superficie “para maliciosamente acaparar toda”. Este trámite se encuentra en el MAG, en Quito. En cambio a Segundo Elicio Luna Tallana con de Adjudicación #09-0018511 código de trámite 394379 o 394387 se les «quiere apropiar» de una superficie de 57 hectáreas en el sector Caimital. Este las pide porque supuestamente son tierras del Estado, cuando la documentación dice lo contrario. Este trámite está desde el 2017.
Existen otras adjudicaciones dolosas, presumiblemente, a Henmer Eugenio Garzón Vera sobre un lote, en Caimital, de 192.7 hectáreas; a Carlos Alberto Pineda y Narita del Carmen Cabrera Tapia, de 27.80 hectáreas entregadas por Vanesa Castillo Vallejo; y otras 94 hectáreas a favor de David Guillermo Sánchez Robles, que tras una rectificación de linderos aumentaron a más de 132,7 hectáreas
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