Antes de que Jaime Nebot llegara a la Alcaldía de Guayaquil, Pablo Muentes, el hombre que llegó a ser las personas de mayor confianza del exalcalde, era desconocido en los ámbitos de la política. él de encargaba de los contratos del personal del cabildo, de la agenda personal del Nebot, de llamar a los contactos para reuniones. La compraba el pan y reemplazó JJ Franco.
Después del allanamiento a las oficinas de JJ Franco ( quien se paraba a la diestra del exalcalde), en septiembre de 2021, Muentes llegó de a poco a ser el más cercano. Sucedieron también algunos cambios en su entorno cercano. Se alejó Henry Cucalón -hoy candidato de Construye y antes ministro de Gobierno de Guillermo Lasso, un hombre principios y sin ambición en de amasar fortuna. Y después, aunque menos evidente, porque mantuvieron las apariencias, se alejó Cynthia Viteri.
Muentes quería seguir teniendo poder en la administración de Cynthia, incluso quiso usar su fuerza para que Doménica Tabacchi corra por la Alcaldía una vez que Nebot deje el Sillón de Olmedo. No pudo. Pero no se quedó quieto.
Al interior del Partido Social Cristino se sabía que Muentes ayudó a su hijo “putativo”, Pedro Pablo Duart, y aunque sabía que no llegaría al poder, si le restaba la suficiente cantidad de votos a Viteri para que sucumba ante Aquiles Álvarez en la Alcaldía de Guayaquil. Y así fue.
Viteri ya sabía que esto iba a pasar, y lo enfrentó en plena puerta de entrada a las oficinas del alcalde. Lo arrimó contra la pared y le soltó una cachetada, ante la campaña feroz que hacia este a favor de Tabbacchi ante la directiva del Partido Social Cristiano (PSC).
Ya casi sin poder en el Cabildo y sabiendo de antemano la poca fuerza que iba a tener con Viteri, Muentes se habría ideado un nuevo “modelo de negocios”, aunque en realidad ya lo venía trabajando. Y es cuando comienzan a surgir las denuncias de tráfico de tierras en Durán y Playas, especialmente.
Era tanto el poder que tenía este personaje y el temor que causaba, que solo una vez que divulgamos el caso del “gringo” Erik Ramírez, es cuando otros afectados comienzan a denunciar sus problemas y la forma insólita con la que se resolvían a favor de Pablo o de su familia.
¿Por qué quería dominar la justicia? su “maestro” le habría enseñado bien lo que significaba tenerla en la mano. En Guayas así fue, según la información del caso purga divulgado por la Fiscalía.
La entidad ha detallado contra él 90 elementos de convicción individualizados que demostrarían “que ejercía control sobre la corte provincial de justicia del Guayas, con el objetivo de obtener fallos judiciales favorables en causas que eran de su interés”. El Banco del Pacífico, por ejemplo y la querella que empezaba a seguir contra el periodista, candidato a la Presidencia y amigo de Fernando Villavicencio, Christian Zurita.
Entre los elementos presentados constan las conversaciones mantenidas con Mayra Salazar (sentenciada en el caso Metástasis), que evidencian que habría existido una relación laboral entre ambos para la elaboración de campañas de comunicación y el manejo de un troll center en la red social X. Como remuneración, según el chat entre “Jeremy Morton New” (Muentes) y Salazar, esta recibiría 2.500 dólares. Se incluye información relacionada con un presunto tráfico de tierras en la provincia del guayas, que involucraría a empresas y familiares del procesado.
Además de la información relacionada con el proceso seguido por Muentes contra Banco del Pacífico e información societaria remitida por la Superintendencia de Compañías, respecto de varias personas –naturales y jurídicas– que tendrían relación con el procesado y su círculo familiar.
Desde Guayaquil News nos enfocamos en el tráfico de tierras, con estos elementos de juicio, testimonios, documentos, demostramos algunos casos contundentes sobre la forma dolosa en que se arrebataban tierras, detalles que la fiscalía ha tomado en consideración, como el caso de Erik Ramírez, otro de los afectados de una implacable persecución.
Hay algunos casos donde hubo persecución, incluso, con apoyo de la Policía, como este: en marzo de 2023 Geovanny Aycart Carrasco, juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Durán, generó nueve órdenes de localización de personas con orden de detención “por ocupación o uso ilegal de suelo»: tráfico ilegal de tierras”. Pero no eran delincuentes reales. Era gente que no quería vender sus tierras y que, bajo un sistema de presión, habían sido vendidas por la asociación a la que pertenecían.
El amedrentamiento era, presumiblemente, la herramienta que usaron en muchos casos para apoderarse de tierras que luego eran adjudicadas por medio del Ministerio de Agricultura y “legalizadas” en el Registro de la Propiedad de Durán y, después, en notarias y alcaldías.
Sin el “apoyo” de la justicia, el brazo ejecutor de las ambiciones de la familia Muentes, como lo ha denunciado la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso purga, estos procesos no habían podido llegar a su fin y favorecer a traficantes y testaferros y que la tierra quede en manos de esta familia, que tiene a dos miembros acusados de delincuencia organizada: Pablo Muentes , Mónica Alvarado (su esposa) y Fausto Alarcón (acusado de testaferrismo).
Hay otros “administradores de justicia” procesados y otros que andan sueltos y para los cuales los afectados esperan severas penas.
Lo primero que hacía esta organización era asustar a los agremiados para que vendan sus tierras, para lo cual usaban a los dirigentes de estas mismas organizaciones. Una de estas fue la Asociación de Productores Agrícolas Patria Nueva, de Yaguachi, fundada el 10 de enero de 2006, y que tenía tierras entregadas bajo un programa que implementó el gobierno de Rafael Correa, que era darles terrenos a asociaciones campesinas que no la tenían, para que los cultivaran.
En el caso de la Asociación Patria Nueva, Alberto Solís Mera, dijo que era necesario “ceder la posesión de las tierras, como las demás asociaciones lo están haciendo, antes que los boten sin nada”. Todo está documentado. Los que no estuvieron de acuerdo fueron perseguidos por fiscales y jueces, como demuestran las actas y la información de los procesos. La mayoría de campesinos vendió sobre los 7.000 dólares lo que les correspondía, pero los cheques girados no salieron de la libreta de la empresa compradora de las tierras, Premiumcamarón, sino de Agrocamarón, cuya propietaria es una de las hijas de Pablo Muentes: Mónica Nicole.
Por eso, la Fiscalía, entre los 90 elementos de convicción adjunta la Resolución del 2 de agosto de 2023 de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, integrada por los jueces María Fabiola Gallardo, (ponente), Guillermo Valarezo (uno de los jueces que me condenó) y Henry Taylor (todos procesados), dentro del juicio No. 09287-2022-01499. El fallo benefició a la empresa Premiun Camarón. –de propiedad de los hijos de Pablo y Mónica, al negar un recurso de apelación de la resolución de prisión preventiva. La causa se relaciona con un presunto delito de ocupación y uso de suelo, en perjuicio de Julia Q.
En otros sitios pasaba igual. Hace aproximadamente un año y medio en el cantón Yaguachi, en horas de la madrugada llegaron 800 policías en caballos, motos, tractores, camionetas y buses a desalojar a las personas propietaria por más de 40 años en los recintos Santa Rita, Los Bancos, Bélgica, San Gerardo, Las Lomas, que hacen un total aproximado de 1.600 hectáreas, de las cuales lograron derribar 17 casas de concreto.
Pero ni la Policía, ni la Fiscalía, tenían orden alguna. Después, las personas se enteraron de que sus códigos catastrales fueron eliminados del Registrado de la Propiedad, fueron más de 100 códigos. Pero no solo eso, cuenta Jorge Gamboa: los rumores, después de estos atraques, fueron que además querían apoderarse de los recintos San Vicente, Paraíso, Nariz del Diablo y la Puntilla los cuales hacen un total de 1.500 hectáreas más.
«Nadie conoce lo que pasa adentro», señala Gamboa, de la Asociación de Productores Agropecuarios Atahulfo Cruz, porque el sitio queda a hora y media del carretero principal de Virgen de Fátima (El 26, como se conoce). Esto coindice con una parte de las declaraciones de Ramos Lino Tumbaco, el exjuez, que delató a Muentes y a Fabiola Gallardo, y que dijo que Muentes se ufana de que tenía mas de 1.000 hectáreas.
Los que aún pelean esta causa fueron desconocidos por el Ministerio de Agricultura, y los acusó de invasores a los propios dueños de la tierra. Guayaquil News conoció que parte de estas tierras fueron devueltas a sus legítimos dueños.
José Dáger, excandidato a concejal de Samborondón por RC5, quién también fungió como dueño, pese a la demanda y los documentos que los agricultores tienen desde hace varios años y que los acredita como tales, vendió a Irrigarsa, una empresa relacionada con la familia Muentes, 108,49 hectáreas. Dáger Crespo y su esposa las vendieron, según el Registro de la Propiedad a 250.000 dólares, cuando cuestan más de un millón de dólares.
El 14 Julio de 2023, meses después de que Guayaquil News revelara en un primer artículo la trama del tráfico de tierras que gira alrededor de Pablo Muentes Alarcón, sus cuatro hijos intentaron poner sus bienes a buen recaudo.
Esa fecha Latintrust Administradora de Fondos y Fideicomisos es escogida por esta polémica familia como administradora del Fideicomiso MA, que tienen como beneficiarias a las empresas Agrocamarón e Inmobicity. Esta decisión la tomaron los accionistas de estas empresas: Denisse Valeria, Mónica Nicole, Óscar Alfonso y Pablo Andrés Muentes Alvarado.
Se desconocen los detalles de todas las propiedades de estas empresas y de posibles “testaferros”, sin embargo, la Fiscalía General del Estado reunió pistas para determinarlas.
Guayaquil News tuvo acceso a un oficio de un funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería que advierte sobre 16 adjudicaciones, y una de ellas había sido otorgada a Fausto Alarcón, primo de Pablo Muentes y detenido por ser parte, presuntamente, de una organización criminal.
Alarcón nunca pagó Impuesto a la Renta pero tiene propiedades, algunas de las cuales habría comprado de forma supuestamente fraudulenta.
En Playas hay otro caso insólito (¿?). Sin desparpajo, Gabriel Balladares, alcalde de Playas, investido con total seriedad, dijo el año 2023 a Guayaquil News que investigaría el caso, ya que el General Villamil había terrenos con dos y atrás tres fichas catastrales. Sus palabras se las llevó el viento.
Pero en 2024 decidió que un terreno debía entregarse a un “dueño” que nunca fue propietario, que nunca estuvo allí y que el establo que juró había allí jamás existió, lo prueban las fotos satelitales de Google. Este caso debe ser estudiado por la Fiscalía en el mercado del Caso Purga.
Es Muentes justamente quién se presentaba como dueño (no el propietario fraudulento de apellido Crespín). Eso lo confirmaron a este medio las religiosas a las cuales también les quiso mutilar un terreno colindante.
En mayo del 2019 mandados presumiblemente por Muentes, sugetos, invadieron un terreno frente al mar, en el Km 12 de la vía Data, que llevaba 42 años en posesión pacifica e ininterrumpida de la familia Villavicencio, que lo adquirió en el año 1977. Aparte de las escrituras originales, existe la carta firmada por todos los vecinos colindantes al terreno, respaldando a la familia, incluidas las Monjas Dominicas (Colegio Santo Domingo de Guzmán) que tienen su casa de retiro colindando. Adicionalmente el terreno estaba cercado con paredes de ladrillo y también estaba inscrito en el Registrador de la Propiedad.
A las Monjas Dominicas también el exasambleísta Pablo Muentes les quiso mutilar su territorio con amenazas y con el contubernio de funcionarios de la Alcaldía de Playas.
En mayo del 2024, sin previo aviso, entró un tractor de demoler parte del cerramiento y la caseta de guardianía. Los supuestos invasores eran apellido Crespín. Primero fue Jefferson Crespín a quien el Municipio le otorgó, de manera arbitraria y sin ningún fundamento, parte del terreno mediante un oficio que aducía “fines turísticos”, ya que supuestamente en el terreno había caballerizas, establos y una casa donde vivía y trabajaba hace más de 30 años Jefferson.
Lo cierto es que allí nunca hubo nada. Tampoco hay algo ahora, excepto una caseta maltrecha de madera. El supuesto posesionario tenía al momento 28 años y el oficio decía que llevaba más de 30 años “viviendo y trabajando” ahí. Por ese motivo el Municipio de Playas cambia todos los oficios que nombraban a Jefferson y de repente apareció Petra Crespín, la cual era una señora mayor.
El Cabildo le otorga (en contra de la ley y ordenanza municipal) la adjudicación de más de 2.000 metros cuadrados a precio de gallina con peste: 25 dólares por metro cuadrado, lo cual esta terminantemente prohibido en esa zona de playa.
Los abogados de Muentes tratan ahora de poner el tela de duda las acciones de la fiscalía y los testimonios de los afectados y de jueces que formaron parte de la red. Lo hacen con las mismas prácticas con las que su defendido cayó en La Roca: contratando cuentas en redes sociales y con actitud desafiante.
