El 15 de octubre Aquiles Álvarez Henriques movilizó a todo el equipo comunicacional de la Alcaldía de Guayaquil y a sus fichas en Segura EP. El objetivo era atacar el fiscal provincial René Astudillo, quien días antes le había advertido al alcalde que debía cumplir con las presentaciones periódicas.
La narrativa había sido tomada y aceptada como verdad por los principales medios de prensa (canales, periódicos, portales, redes sociales), incluidos aquellos que no reciben pauta. Solo que se les olvidó un detalle: que el acusado por el Municipio de poner un artefacto explosivo en la zona de la Bahía, Iván Ballesteros, no solo que es inocente, sino que se presentó con su madre para aclarar las falsedades montadas por Aquiles y su equipo.
Las investigaciones de Policía y del Fiscal Astudillo, con base a las pruebas, determinaron que Ballesteros es inocente. Pese a esto, aún Aquiles Álvarez, como sus coidearios, socios políticos y un asambleísta mantienen su versión sobre Ballesteros. El objetivo final de RC5, Reto y el equipo municipal es desacreditar el caso Triple A, donde se acusa a Álvarez, sus empresas y algunos empleados, de traficar combustibles.
La investigación del caso denominado Triple A, según la Fiscalía General del Estado, se inició con base en una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se informaba sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, “que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano, por cuanto existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas”.
Álvarez encabeza una lista de 16 procesados llamados a juicio. El Tribunal de la Unidad Anticorrupción se alista para uno de los juicios más importantes del año. La audiencia de juicio ha sido convocada para hoy, 24 de diciembre, a las 14:30, de forma estrictamente presencial.
Según el diario digital Primicias, la logística del juicio también plantea un escenario complejo. Debido a la cantidad de procesados y a la carga de pruebas que deberán evacuarse, el Tribunal prevé que la audiencia no concluya en una sola jornada. Según el cronograma tentativo, tras la sesión del 24 de diciembre, el juicio se retomaría en el bloque comprendido entre el 28 y el 30 de diciembre.
La Fiscalía manifiesta que, “con base en los elementos de convicción recabados”, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción estableció la existencia de la relación de las empresas investigadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel. En dichas transacciones, se hallaron presuntas irregularidades.
La Fiscalía señala que varias de las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo cual, se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio. En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones.
El 23 de julio de 2024 la Fiscalía la Policía Nacional ejecutaron allanamientos en la provincia del Guayas, en Milagro y Guayaquil, en el marco de una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos.
Después de 4 audiencias fallidas de formulación de cargos, recién el 14 de diciembre de 2024 se instaló la audiencia. Dos meses se perdieron en este proceso.
En febrero de este 2025 Aquiles Álvarez arremetió e intentó intimidar contra al agente fiscal que lleva el caso. La Fiscalía hizo público su rechazo a las “declaraciones intimidatorias emitidas” por el alcalde.
El 10 de abril la Fiscalía vinculó a once personas naturales y una jurídica al proceso por el presunto delito de almacenamiento, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos y fluviales, así como en el mar territorial. “La formulación de cargos se llevó a cabo luego de que, en el desarrollo de la instrucción fiscal, se encontraran elementos que hacen presumir la participación de más individuos en los hechos investigados”.
Luego de haber analizado las argumentaciones de los sujetos procesales y los elementos expuestos por el Fiscal del caso, el Juez dictó las siguientes medidas cautelares para Aquiles A., Juan Carlos A., Juan Dionisio A., Gloria S., Rosa O., Edgar F., María C., Fausto V., Olga O. y Edgar C.: prohibición de salida de país, presentaciones periódicas (dos veces por semana) en la Fiscalía del lugar de residencia y colocación de dispositivos de vigilancia electrónica.
En el caso de Raúl Z., se dispuso su presentación en la dependencia consular de Ecuador en Nueva York. Adicionalmente, el magistrado ordenó suspensión temporal de actividades para la empresa Harsajudi S. A. La instrucción fiscal se extiende por treinta días más. Estos procesados se sumaron a las cinco personas naturales y cinco jurídicas que ya se encuentran siendo investigadas, a quienes se les formuló cargos en diciembre de 2024.
