No se puede entender cómo es que en los terrenos que el gobierno del expresidente Rafael Correa entregó a cientos de agricultores aparecen como adjudicatarios otras personas, otras empresas.
El caso de Las Mercedes evidencia un claro tráfico de tierras y en todos los testimonios de los afectados por los traficantes de tierra salen a relucir una entidad: el Ministerio de Agricultura y un exministro, Bernardo Manzano.
Janet Tomalá Castro lo explica bien: las tierras eran de la familia Isaías, exdueños de Filanbanco, TC Televisión y otras empresas, pero fueron tomadas por el Gobierno como pago por las deudas que esa familia mantenía con el Estado.
El Gobierno de Correa, en el marco del Plan Tierras, se las entregó varias asociaciones, porque lo que no deberían existir más dueños, pero existen y tienen adjudicaciones del Ministerio de Agricultura, «adjudicaciones ilegales» que fueron dadas en las épocas de Pedro Álava y Manzano, según los denunciantes.
De hecho las asociaciones afectadas por el despojo de sus tierras tienen la posesión entregada por el MAG, pero que desde hace ya varios años se ha negado a entregarles los documentos de adjudicaciones, ya que estas tierras, funcionarios y dirigentes corruptos, las negociaban con gente cercana a Pablo Muentes, detenido por delincuencia organizada, señalan.
En las Mercedes son 1.000 lotes y están divididas en 10 asociaciones, dos de ellas son Félix Mora y Asomariba. El jueves 28 de marzo de 2024 a las 8 de la noche, después del testimonio incriminatorio contra Pablo Muentes Alarcón, por parte de Mayra Salazar Merchán (caso Purga), los de Asomariba ingresaron a las tierras que les habían arrebatado, ya que esto comprobaría el acto ilegal hecho por parte de Agricultura.
A ellos, en octubre de 2022, fueron desalojados por orden judicial, hecha por jueces que hoy se sabe están en la red de judiciales que manejaba Pablo Muentes, dirigente del Partido Social Cristiano (PSC), el hombre más cercano al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Les tumbaron casas, cercas, cultivos de cacao, arroz, maíz
“Nos pusieron una demanda por tráfico de tierras para que desalojemos, cuando ellos eran ellos eran los invasores, mi esposo fue a poner una denuncia, este 2024 de nuevo vinieron con gente mala. Por lo que pusimos una acción de protección en diciembre de 2023”, señala Rumecindo García, a quien ayer 29 de marzo, lo volvieron a amenazar.
“Tenemos las últimas providencias de 2021 y 2022, con inspecciones, hemos trabajado con arroz, ganado, nos destruyeron casas, cercas; tenemos pruebas. En 2022 el Ministerio nos hizo inspección, a los otros a los que nadie los conoces, nunca han vivido aquí y resulta que estas tierras ahora son de la empresa Irrigarsa, pero ya van por el tercer dueño», sostiene García a Guayaquil News.
En Patria Nueva, en cerca de Asomariba, en el kilómetro 14 de la vía Durán Boliche, Durán, pasa algo igual y también ayer, 28 de marzo, volvieron a tomar sus tierras, con sus hijos. Ellos responsabilizan de los que le pueda sucede, a Muentes, y piden la intervención de la Asamblea Nacional y del presidente Daniel Noboa.
A ellos les tienen encarcelada a una compañera y otros nueve compañeros están fugitivos, ya que los denunciaron en Durán como traficantes de tierra. Julia Quiroga Guaraca está presa desde octubre de 2023. “Pedimos la intervención de la Fiscal Diana Salazar y que se lleven a la cárcel a los verdaderos traficantes de tierras y a los jueces y fiscales corruptos de Durán y de Guayaquil”.
A ellos también les tumbaron todo y ahora asoma como dueño el camaronero Stalin Benítez, señor al que nadie conoce; este a su vez les “compró” la tierra a Elsa Santos y Elías Castillo, que nunca vivieron allí.
Los agricultores que regresaron a sus tierras también tienen posesión desde el 2006, aunque están en las zonas desde mucho antes, ya que esta tierra estaba abandonada.
Tan dueñas de estas tierras son estas asociaciones que hasta tienen recibos de pagos de servicios básicos y créditos en la banca pública. Los dice Diana León. Ellos fueron desalojados el 23 de octubre de 2023, les destruyeron cultivos de maíz, zapallo, ajonjolí, arroz, casas, corrales.
“Nos hemos unido para recuperar lo que nos han quitado”, señala Rosa Ruiz Pincay. Son 207 hectáreas.
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