En marzo de 2023 Geovanny Aycart Carrasco, juez de la Unidad Judicial Penal del cantón Durán, generó nueve órdenes de localización de personas con orden de detención “por ocupación o uso ilegal de suelo»: tráfico ilegal de tierras”.
No eran delincuentes reales, según señalan los afectados. Era gente que no quería vender sus tierras, que, bajo un sistema de presión, habían sido vendidas por la Asociación a la que pertenecían. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo.
El amedrentamiento era, presumiblemente, la herramienta que usaron en muchos casos para apoderarse de tierras que luego eran adjudicadas por medio del Ministerio de Agricultura y “legalizadas” en el Registro de la Propiedad de Durán y, después, en notarias y alcaldías.
Sin el “apoyo” de la Justicia el brazo ejecutor de decisiones de la familia Muentes, como lo ha denunciado la Fiscalía General del Estado (FGE) en el Caso Purga, estos procesos no habían podido llegar a su fin y favorecer a traficantes y testaferros y que la tierra quede en manos de esta familia, que tiene a dos miembros detenidos acusados de delincuencia organizada: Pablo Muentes Alarcón y Fausto Alarcón (acusado de testaferrismo)
Hay otros “administradores de justicia” procesados y otros que andan sueltos y para los cuales los que los afectados esperan severas sanciones.
Lo primero que hacía esta organización delictiva era asustar a los agremiados para que vendan sus tierras, para lo cual usaban a los dirigentes de estas mismas organizaciones. Una de estas fue la Asociación de Productores Agrícolas Patria Nueva de Yaguachi, fundada el 10 de enero de 2006, y que tenía tierras entregadas bajo un programa que implementó el gobierno de Rafael Correa, que era darle terrenos a asociaciones campesinas que no la tenían, para que los cultivaran.
Gente cercana a partidos políticos, en especial al Partido Social Cristiano (PSC), vio allí un modelo de negocios: hacerse de estas tierras obligando a vender a los campesinos para luego en muchos casos, volcar su usó agrícola hacia el acuícola (camarón), en contubernio con funcionarios de Acuacultura (Ministerio de la Producción). Los que proponían estas ventas de tierra eran funcionarios de Agricultura.
La Asociación de productores Agrícolas Patria Nuava de Yaguachi fundada el 10 de enero de 2006. Tenía 63 socios
El 28 de noviembre de 2021 esta Asociación convocó a una reunión ordinaria para tratar varios puntos, uno de ellos, el número 4, la decisión de todos los asociados presentes en la Asamblea de ceder la posesión de las tierras. Esto confirma el modus operandi de los traficantes de tierras.
Uno de los asistentes, Alberto Solis Mera, dijo que era necesario “ceder la posesión de las tierras, como las demás asociaciones lo están haciendo, antes que los boten sin nada”. Todo está documentado.
Los que no estuvieron de acuerdo fueron perseguidos por fiscales y jueces, como demuestran las actas y la información de los procesos. La mayoría de campesinos vendió sobre los 7.000 dólares lo que les correspondía, pero los cheques girados no salieron de la libreta de la empresa compradora de las tierras, Premiumcamarón, sino de Agrocamarón, cuya propietaria es la hija de Pablo Muentes: Mónica Nicole Muentes Alvarado.
Todo este trámite se realizó ante Diana Sofía Yunes, notaria Vigésimo Segunda del cantón Guayaquil.
En otros sitios pasa igual. Hace aproximadamente un año y medio en el cantón Yaguachi, en horas de la madrugada específicamente, llegaron 800 policías en caballos, motos, tractores, camionetas y buses a desalojar a las personas propietaria por más de 40 años en los recintos Santa Rita, Los Bancos, Bélgica, San Gerardo, Las Lomas que hacen un total aproximado de 1.600 hectáreas, de las cuales lograron derribar 17 casas de concreto.
Pero la Policía, ni la Fiscalía, tenían orden alguna. Después, las personas se enteraron de que sus códigos catastrales fueron eliminados del Registrado de la Propiedad, fueron más de 100 códigos. Pero no solo eso, cuenta Jorge Gamboa: los rumores, después de estos atraques, fueron que además querían apoderarse de los recintos San Vicente, Paraíso, Nariz del Diablo y la Puntilla los cuales hacen un total de 1.500 hectáreas más.
«Nadie conoce lo que pasa adentro», señala Gamboa, de la Asociación de Productores Agropecuarios Atahulfo Cruz, porque el sitio queda a hora y media del carretero principal de Virgen de Fátima (El 26, como se conoce)
Esta asociación es tan antigua que fue el desaparecido Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDA), el 17 de mayo de 1995, dicta una providencia donde les otorga el predio denominado Margarita, en el kilómetro 15.5 de la vía Durán Tambo. También tiene escritura pública de la Notaria Trigésima de Guayaquil.
Los que aún pelean esta causa fueron desconocidos por el Ministerio de Agricultura, y los acusó de invasores a los propios dueños de la tierra.
Jorge Gamboa señala que son las 15 familias que luchan por 108 hectáreas. Y siguen luchando. «José Dáger Crespo se quiere apoderar de nuestras tierras; seguimos denunciando pese a que el Ministerio de Agricultura hacían todo para desanimarnos; por ejemplo, cambiaban los correos electrónicos para no recibir nuestra información; en la justicia seguimos un juicio, pero el fiscal Quinto de lo Penal de Durán, Enry Jimen Bazurte Quinde, archivó el caso. El proceso sigue en otras instancias.
Dáger, quién también funge como dueño, pese a la demanda y los documentos que los agricultores tienen desde hace varios años y que los acredita como tales, vendió a Irrigarsa, una empresa relacionada con la familia Muentes, las 108,49 hectáreas.
Dáger Crespo y su esposa las vendieron, según el Registro de la Propiedad a 250.000 dólares, cuando cuestan más de un millón de dólares. La relación de este con Pablo Muentes, pese a que fue candidato concejal de Samborondón por el movimiento Revolución Ciudadana, es importante, ya que fue uno de los que denunció el hosting de Guayaquil News cuando comenzó a publicar el tema de tráfico de tierras en los que se mencionaba al hoy detenido, acusado de delincuencia organizada.
Después Irrigarsa le vende la tierra a un empleado de Rizobacter. Todo esto tiene el fiscal que lleva el caso y que no ha resuelto a favor de los legítimos propietarios, explica Gamboa.
El problema para los traficantes de tierras es que no puede haber más de un código catastral en el Registro de la Propiedad, de ahí es que se valen de jueces y fiscales para sacar procesos a su favor.
En el cantón Durán el Ministerio de Agricultura tiene códigos prediales en el aire, por lo que los comercializa gente corrupta de este ministerio, sostiene Gamboa; quienes ya saben de estos negociados hacen la solicitud aduciendo que están en posesión de esa tierra. El Ministerio les designa un código y ellos mismos proceden con la adjudicación. Por eso, sugiera a necesidad de intervenir la Dirección Distrital del MAG.
Obtenido este código, los traficantes de tierra van al Registrador y este les tiene que dar un nuevo código catastral. Esto no han podido hacer la Asociación Atahulfo Cruz, ya que incluso los afiliados tienen tierras hipotecadas a los bancos. Es que Agricultura nunca hizo hicieron la inspección, pero eso sí mandaban drones todas las noches.
[…] El modelo vomitivo de los traficantes de tierras: jueces, fiscales, municipios, registradores y test… […]
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