Cuando dijimos que el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Danilo Palacios, sabía del lacerante delito de tráfico de tierras, que destruye propiedades, quiebra campesinos y asesina personas, es porque teníamos pruebas. En este reportaje ponemos en evidencia, según la documentación conseguida, la corrupción en esta entidad, en la parte pertinente.
En Manabí existirían miles de hectáreas por adjudicar, lo que abre el apetito voraz de empleados corruptos del MAG y de «empresaurios» que, a nivel de todo la costa, buscan como convertir tierras agrícola en camaroneras, o llevarse enormes extensiones en la isla Puna (Guayas), donde es un secreto a voces el poder político y económico que ejerce un camaronero de talla mundial.
El tráfico de tierras, como lo ha demostrado Guayaquil News, está enquistado en el MAG, por eso, desde las altas esferas de esta entidad todo funcionario honesto, que denuncia es destituido. Y les ha pasado esto a directores distritales, jefes de unidades, subsecretarios, quienes han puesto en evidencia los casos y los nombres completos de las personas que dentro de la cartera de estado se dedicarían a tramitar irregularidades.
Conversamos con una fuente del MAG que nos contó algunos detalles de la operaciones al interior el Ministerio. Ellos «ven ciertas áreas o tierras comunales, de 3 o 4 comunidades cuyos límites no están definidos, como tienen mapeado el universo de tierras en conflicto o también por adjudicar, las ofrecen; allí aparecen los interesados y les dicen: me interesa una propiedad que era de tal persona y que la puso en el Banco de Fomento (hipotecada); en otras ocasiones no están hipotecadas, y a veces no hay registrada la documentación del área; y se las dan».
Al tener catastrado todo, lo que hacen estos funcionarios corruptos del MAG de Manabí y de otras distritales (Guayas, Los Ríos, Esmeraldas), que saben que hay tierras por adjudicarse, es ofertar 1.000 o 3.000 hectáreas y buscan a alguien que tenga el dinero y les indican. «hay para 3.000 hectáreas para adjudicarles; entonces, estos empresarios corruptos siembran cuatro matas de plátano para decir que son 400 hectáreas y que tienen 5 años allí. El resto lo hacen en el MAG: les cobran 500 dólares por hectárea y se reparten entre el técnico que realiza la inspección con GPS y otros administrativos, reducen la propiedad comunal (tierras de las comunas) y le montan sobre esa área la que van a adjudicar».
Estos -explica nuestra fuente-, a través de testaferros (caso Playas, Durán) nunca han vivido ahí, por eso se consiguen testigos falsos, le construyen una casa con caña picada y zinc, montan la casa para supuestamente demostrar que han vivido en la zona adjudicada; luego ingresan documentos con los formatos en computadoras aparte, como que los han ingresado hace 5 años; en el Registro de la Propiedad tienen a alguien que los ayuda y publican en medios de baja circulación para cumplir con el requisito que es encontrar si estos predios tienen oposición; a veces ni eso, solo adjudican.
Por ejemplo si la propiedad es en Pedernales, realizan la publicación en algún diario de Manta, por eso nadie objeta y por el tiempo que da la ley declaran la adjudicación y le dan a favor del supuesto dueño (o testaferro). En las entregas masivas de títulos, van al Municipio, donde hay gente que participa del esquema de corrupción, lo legalizan a nombre de terceros.
Hasta ahora, el ministro, hijo de Euclides Palacios, el dueño de Palmar, una empresa domiciliada en El Oro, no se ha pronunciado pese al chorro de casos de tráfico de tierras en la Costa de Ecuador. Danilo Palacios es incluso miembro activo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), gremio que agrupa especialmente a las compañías que exportar a Europa del este y Oriente.
En un oficio del 8 de enero de 2024, tanto a Palacios, como a Fernando Minuche Verdaguer, viceministro de Desarrollo Rural de la época -renunció-; a Javier Orlando Zavala, asesor jurídico, como a Ricardo Palacios Valverde, subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, se les hace conocer, acerca de una “serie de preocupantes irregularidades que han surgido en relación con la Unidad de Gestión de Tierras” del MAG.
El oficio señala que las irregularidades están debidamente documentadas y respaldadas con pruebas concretas, que sugieren “posibles actos de corrupción que demandan una revisión exhaustiva y la adopción de medidas inmediatas”. Dichas supuestas irregularidades se dan en el manejo de expedientes y trámites de propiedades.
Se han constatado prácticas sospechosas que incluyen falsificación de firmas, ocultación de información y la aceleración indebida de trámites para propiedades de diferentes áreas, desde más de 2.000 metros cuadrados hasta de cientos de hectáreas.
Los oficios:
“Los documentos que respaldan estos actos comprenden denuncias de falsificación de firmas, memorandos que señalan irregularidades y reportes detallados de seguimiento de expedientes, evidenciando la participación de los funcionarios mencionados y corroborando la gestión irregular de expedientes”. La acción inmediata ha sido la no renovación de algunos contratos de varias personas al término de diciembre de 2023. Pero no se les siguen proceso judiciales. Otros siguen en el MAG.
Pero en el memorando se pide además a Palacios, Minuche y Orlando un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado con el fin de iniciar sumarios administrativos a estos funcionarios. “La gravedad de estas irregularidades es motivo de seria preocupación e indignación especialmente cuando se evidencian retrasos y manipulaciones en trámites que afectan a pequeños agricultores desde dos años atrás (gobierno de Guillermo Lasso), como es el caso de un expediente iniciado en el año 2019″.
El funcionario que hizo esta denuncia ya no está en el MAG. Según conoció Guayaquil News algunos trámites paralizados en Puerto Cayo (Jipijapa), Picoazá, Abdón Calderón, San Plácido (Portoviejo), Chibunga, Canuto (Chone), Pedernales llamaron la atención porque los trámites estaban paralizados, ya que los usuarios no tenían dinero para seguir el proceso de adjudicación, cuando la mayoría de los trámites demoran hasta 10 años; en estos casos los trámites duraban apenas dos o tres meses: los hacían rápido. Incluso «esta gente manipula la información y cobran por los trámites entre 100 y 500 dólares».
En cuanto a la falsificación de la firma de Jéniffer Monserrate Lucas Santana, ella denunció este hecho ante Vanessa Alcívar, quien le respondió que la orden verbal para cometer este acto irregular fue de quien era responsable de la Unidad de Gestión Distrital Rural de Manabí, Dolly Guerrero. Santana también denunció, el 26 de agosto de 2022 (memorando MAG-UGDMANABI-2022-0787-M), que los procedimientos no fueron los adecuados, ya que ella no recibió expedientes al correo electrónico.
En enero de 2023 también la Contraloría General del Estado recibió una denuncia concreta, hecha por Johanna Guillem Gómez en donde revela el presunto delito de asociación ilícita: la Unidad de Gestión de Tierras y Territorios Ancestrales adjudicó tierras al hijo (Jimmy Villamar Toala, de 19 años de edad) de la responsable administrativa y financiera y de Talento Humano, Paola Leticia Toala.
Según la ley, para adjudicar la propiedad a alguien este debe tener mínimo 5 años de posesión y la empresa Villas&Cort -según consta en el documento entregado a la Contraloría el 4 de enero de 2023, recién fue constituida el 21 de octubre de 2021 y se toman en cuenta los 5 años de posesión el Jimmy Villamar Toala habría recibido la propiedad en posesión tenía 14 años y la empresa un año y un mes de constituida. También se denunció que Lady Marcillo Álava, posesionada como responsable de la Unidad de Gestión Rural de Manabí, «nunca hace nada en la oficina, no atiende a los usuarios (responsable ausente) pero aparece en eventos que no le competen, como asesora-asistente de quien la nombró, la directora distrital Enny Heredia García».
El pedido concreto a la Contraloría fue realizar un examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Dirección Distrital de Manabí, del MAG. Hasta la semana pasada personal de la Contraloría estuvo en las oficinas del Ministerio en Manabí levantando información
