La dirigencia sindical ecuatoriana de empresas del Estado luce bastante salpicada. No solo Jipson Martínez, representante de los trabajadores petroleros, ha metido a su esposa como contratista de las empresas para las que trabaja. Rosa Argudo, dirigente sindical del IESS, tendría a varios familiares trabajando en la entidad, en Azuay.
Se conoce que Richard Gómez, dirigente de sector eléctrico que le cobra millonarios contratos colectivos de CNEL-EP, tenía -se desconoce si siguen en la empresa eléctrica- a parte de su familia enrolada, como también la tiene la procuradora del juicio de acción de protección con el que quiere cobrarle 23 millones a dólares a la eléctrica.
Mediante una Acción de Protección Martínez hizo congelar las cuentas del CNEL, si no les depositaban en las cuentas del Comité el 1 % de la facturación de la empresa, lo cual fue criticado, por “ilegal”, por el expresidente Rafael Correa Delgado.
El Comité de Empresa de la eléctrica no ha sido auditado por nadie. Ni siquiera la misma EMCO, que no se pronuncia sobre esta millonaria demanda, como tampoco el Ministerio de Trabajo.
Lissete Pinos, procuradora común de los accionistas en una causa patrocinada por el estudio jurídico Romero & Romero (representado por José Javier Garaycoa Ortiz y Ena Priscila Garaycoa Ortiz), tiene enrolado a su padre Washington Pinos Aguayo y a su conviviente, Holmes Xavier Mendoza.
Richard Gómez en cambio mantiene a su esposa Calle Ruth Apolo Calle, a su cuñada Silvia Apolo Calle como a su hermano, Christian Gómez Lozano.
Según se ha indicado, los abogados de llevan al menos el 10 % del monto demandado por los sindicalistas.
Gómez está impulsando su candidatura, no se sabe a qué dignidad, a través de Salvador Sarmiento Delgado, quien ha estado pintando durante dos décadas, las paredes con los nombres de candidatos del correísmo, como del Partido Social Cristiano y ahora ADN, el partido del presidente de la República, Daniel Noboa. En la vía Yaguachi, Sarmiento ya pintado el nombre de Richard Gómez con los colores de ADN.
Martínez es dirigente de los trabajadores petroleros (secretario general de Cetrapep) y junto con Richard Gómez, dirigente del sector eléctrico, forman parte de un conglomerado de representantes de la clase obrera que se apoya mutuamente en todo.
Martínez, en el año 2013, se había «vendido» como un impoluto dirigente, pero su presunta participación en contratos de remediación petrolera, dejaron en entredicho su gestión. A inicios de ese año se atrevía a decir que “Petroecuador tiene que dejar de ser botín político de cada Gobierno”. Incluso denunció manejos irregularidades.
Según Martínez, durante la administración de Ítalo Cedeño, exgerente de la petrolera estatal, su esposa, Martha Morlás, no solo participaba e influía en decisiones de la estatal, sino también frenaba los pedidos de los trabajadores por intereses particulares. Martínez reveló que en la estatal petrolera hay un grupo de trabajadores que “ciegan” a las nuevas administraciones y las guían. “Ese grupito que tiene sus intereses es el que empieza a desinformar y a hacer todo lo que tienen encaminado”, decía.
Pero en marzo de ese mismo año, por denuncia del exasambleísta Ricardo Vanegas, se supo que la esposa de Jipson Martínez, Mónica Alexandra Holguín Torres, estaba en la picota por ser una de las proveedoras de maquinarias para las obras de remediación que, según se denuncia, son botín de la dirigencia.
En una carta del 28 de febrero de este 2023, dirigida a María Elisa Soledispa, gerente general (S) de Petroecuador EP, Vanegas le pidió información y le indica que a su despacho llegó información relacionada a Jinsop Martínez habría obtenido beneficios y contratos de parte de la empresa Petroecuador EP: tiene máquinas retroexcavadoras contratadas en las mismas que están matriculadas nombre de su cónyuge Mónica Alexandra Holguín Torres, y que están trabajando en la refinería de Esmeraldas.
“Estos hechos están prohibidos por la ley y hasta podrían ser actos reñidos por el COIP (Código Integral Penal) como conductas penalmente relevantes”, señala el exlegislador, “El funcionario de EP Petroecuador y secretario de Cetrapep mantiene dos excavadoras prestando servicios a Petroecuador en la Refinería Esmeraldas, a través de la compañía Latisar S.A., contratista que mantiene activo el vínculo” con la petrolera.
