Los tres miembros de un tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, mediante providencia de este lunes 30 de septiembre, otorgaron un plazo de 48 horas para que el capitán de Fragata Jorge Abel Sánchez Rivero revele las identidades de las personas, abogados o funcionarios judiciales que señalan la existencia de un borrador de sentencia que está circulando y que revocaría el fallo de un juez de primer nivel a su favor.
El capitán de Fragata Sánchez Rivero, en un escrito ingresado para conocimiento de los tres miembros del tribunal de la Sala Civil, identifica al CPCB JT Jara como uno de sus compañeros de armas que menciona la existencia del borrador de sentencia que lo perjudicaría.
El denunciante, en octubre de 2023, fue notificado sobre su inclusión en una lista para no ascender a capitán de Navío por haber superado los 48 arrestos dentro de la disciplina militar, lo cual terminaría con su carrera naval.
Sin embargo, el oficial naval interpuso una acción de protección con medida cautelar, la cual fue declarada con lugar y luego en marzo de este año admitida por la jueza multicompetente de Salitre Marlene Jazmín Sotomayor Peñafiel.
La jueza Sotomayor en su sentencia determinó que al capitán Sánchez Rivero se le violentaron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso en la garantía de la defensa (doble juzgamiento) y, el derecho a una vida digna.
La decisión de la jueza de Salitre fue apelada por el Ministerio de Defensa y la Armada, instituciones que hasta julio no cumplían con la resolución judicial que les ordenaba dejar sin efecto la resolución que le impedía ascender de rango al capitán Sánchez Rivero y lo condenaba a una baja o salida de la institución castrense.
Asimismo, la jueza multicompetente en su resolución, ordena a que el capitán de Fragata Sánchez Rivero sea incluido en la lista provisional y definitiva de ascensos a capitán de Navío desde el 20 de Diciembre del 2023 que le correspondía el ascenso, con los beneficios sociales económicos y militares que le correspondan a la fecha del cumplimiento de la disposición constitucional.
También se dispuso que la Armada simultáneamente excluya el nombre del oficial de marina en el grado de capitán de Fragata de la lista de separación del servicio activo de la fuerza naval.
Todas estas disposiciones, según el sistema de causas judiciales, no se estaban cumpliendo hasta julio, por lo cual la Defensoría del Pueblo está interviniendo.
