Lo que vendieron como un “escándalo” contra la Infantería de Marina empieza a desmoronarse por la inexistencia de pruebas.
El 22 de enero de 2026, la Infantería de Marina ejecutó un operativo en la isla La Conchita del Golfo de Guayaquil, logrando la incautación de 250 kilos de clorhidrato de cocaína, con la ayuda de informantes.
Según el parte informativo de la operación “Reconocimiento V”, la lancha LIM 14-2, bajo el mando del capitán de Fragata Xavier Espíndola Vásquez y siete subalternos, a las 17:15 del señalado día, junto a cuatro fuentes humanas, partió rumbo a la isla La Conchita, dónde se estaría almacenando sustancias prohibidas sujetas a fiscalización para contaminar los contenedores en los buques en altamar.
Posteriormente, entre las 17:44 y las 19:50, los Infantes de Marina y los informantes, tras sortear dificultades, decomisaron cinco bultos de 50 kilos cada uno, y volvieron al muelle de la Policía Judicial para reportar el hallazgo a las 00:21 del 23 de enero de 2026, para luego dirigirse al Comando de Guardacostas (Coguar) a entregar el alijo a la Policía Antinarcóticos.
Lo que parecía un exitoso operativo en el Golfo de Guayaquil, desde Canadá, un periodista lo convirtió en una irregular actuación militar al acusar a los Infantes de Marina del robo de 18 bultos de drogas que contenían supuestamente 1.2 toneladas de cocaína, basado solo en sus fuentes y en supuestos audios donde los autores del robo discutían por las ganancias de la posterior venta del alijo ilegal. Según el comunicados, por información de sus fuentes, los militares participantes de la operación ribereña, hallaron 23 sacos de 50 kilos cada uno, pero solo entregaron cinco.
El autorefugiado periodista, que aparece mencionado en casos judiciales como Metástasis y Encuentro por sus reuniones con el narcotraficante Leandro Norero Tigua y con Nahim Massuh, asegura que los marinos se complotaron con narcos para robar el cargamento, narrativa solo basada en sus informantes, según los acusados.
El periodista menciona a un policía que identifica como el cabo segundo Franklin Gallegos, quien formaría parte de los coludidos para robar la carga de droga y hasta muestra su supuesta foto y un audio donde el supuesto gendarme habla con uno de los Infantes de Marina. Hasta ahora la Policía no ha logrado determinar la existencia real del agente policial mencionado.
En su narrativa, llama narcomilitares a las marinos que actuaron en el operativo en el Golfo el 22 de enero de 2026 y en base a la supuesta denuncia periodística, el comandante General de la Armada, Ricardo Unda Serrano, presenta una denuncia formal en la Fiscalía contra sus subalternos por delincuencia organizada y narcotráfico, la cual está en indagación previa en el despacho del fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), Gian Carlos Almeida.
La defensa legal del sargento primero Armando Tutiven Chiquito, tras una rueda de prensa brindaba en febrero, cuestiona la veracidad de los hechos narrados por el periodista. “La acusación se sostiene en “fuentes” y un audio de origen dudoso. Aun así, se etiquetó a militares como narcomilitares”, cuestionó el abogado que pidió mantener su identidad en reserva.
Pese a las dudas que generan las fuentes y supuestas pruebas, el periodista insiste que los Infantes de Marina del decomiso en la isla La Conchita son narcomilitares y para seguir sustentando su tesis muestra un informe de la Inspectoría General de la Armada, dónde se cuestiona al capitán Espíndola y a los siete subalternos que actuaron en el operativo fluvial por no haberse apegado a los protocolos y normas para ese tipo de acciones ribereñas y recomienda que sean procesados disciplinariamente por faltas graves y leves cometidas durante sus actuaciones ese día.
En el informe, el Grupo de Investigación de Asuntos Administrativos (GIAA) de la Armada señala que Espíndola y su equipo no cumplieron los procedimientos para preservar la escena del delito ni cumplieron con la protección de la cadena de custodia de las evidencias encontradas.
Tampoco observaron las normas de seguridad y disposiciones de los manuales de Seguridad de Operaciones, pues el capitán de Navío, Xavier Espíndola, tuvo el control y supervisión de la operación. Asimismo, ninguno de los tripulantes advirtieron u observaron el cumplimiento de las medidas de seguridad, permitiendo que cuatro civiles no identificados (fuentes humanas informativas) sean quienes reconocieron el lugar del hallazgo de los cinco bultos con cocaína, lo cual puso en peligro a todos y el éxito del operativo.
Espíndola y su equipo no comunicaron el tipo de operación y la jurisdicción ni se elaboró el parte respectivo. Además, el oficial, según la investigación del GIAA, no estaba autorizado para el manejo de fuentes humanas.
Al final, el GIAA, pide poner en conocimiento de la Fiscalía la investigación administrativa para que sirva de insumo para la indagación previa abierta para investigar el supuesto robo del cargamento que denuncia el periodista, que viola el artículo Art. 25 de la Ley de Comunicación que advierte que “los medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente.
La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos, de conformidad con su competencia.
El comandante de la Infantería de Marina, Diego Fernando Rubio Espinoza, en su version ante la Fiscalía, reconoce que en enero ordenó que el comandante del Batallón de Infantería de Marina, capitán de Navío Xavier Espíndola Vásquez, intensifique las tareas de control en el Golfo de Guayaquil, tras recibir información sobre actividades ilícitas de contaminación con droga de los buques mercantes y el ataque a bala que sufrió una patrulla naval el 14 de enero de 2026..
El GIAA nunca menciona la desaparición o robo de droga por parte de los Infantes de Marina, solo se limita a evidenciar las supuestas faltas administrativas y operativas del oficial Espíndola y de sus siete subalternos.
Sin embargo, parte del informe es mostrado en el programa periodístico violando el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que castiga con cárcel de 1 a 3 años a quien difunda información de circulación restringida. En el mismo espacio sigue llamando narcomilitares a los marinos y anuncia que compartirá el informe del GIAA en sus redes sociales a través de un link.
El fiscal René Astudillo Orellana recuerda, a través de un posteo en la red social X, que en Ecuador la presunción de inocencia, según el artículo 76 de la Constitución, exige que toda persona sea tratada como inocente hasta que la sentencia esté ejecutoriada. Astudillo resalta que la prueba recae en la Fiscalía y las medidas cautelares deben ser excepcionales, proporcionales y no punitivas.
Sin embargo, bajo este escenario, aparece el operativo ejecutado a las 00:20 del 23 de enero de 2026, en las calles 44 y la L, a orillas del Estero Salado, en Guayaquil, donde La Policía decomisó 1.2 toneladas de clorhidrato de cocaína en una furgoneta blanca de fabricación china.
Para los defensores legales de los militares acusados, el alijo hallado en la furgoneta, guarda similitud con la supuesta carga robada que denuncia el periodista radicado en Canadá. Los sacos y varias de las envolturas de los ladrillos de cocaína siguen el mismo patrón.
Durante ese operativo en la 44 y la L, los policías fueron atacados con fusiles desde lanchas que navegaban en el estero. En medio del fuego, un segundo vehículo que fue usado para transportar el alijo de droga logró salir de la escena. Después dos hombres adultos fueron capturados y un adolescente fue aislado. Todos bajo la presunción de conducir la furgoneta y estibar la carga.
“Esto no suena a encubrimiento militar… suena a una red criminal en plena operación”, comentó uno de los familiares de los Infantes de Marina acusados.
En tanto, familiares de los detenidos en el suburbio guayaquileño por supuestamente participar del traslado de la droga en la furgoneta, denunciaron y consta en sus versiones que los policías al ser atacados a bala desde el estero, capturaron a las personas equivocadas, porque los verdaderos dueños de la droga huyeron en lanchas por el brazo de mar.
Tanto la Marina como la Policía Nacional no han querido pronunciaerse sobre este caso, pese el pedido realizado por Guayaquil News.
