El entorno Rafael Correa en el reparto del petróleo venezolano

El portal Plan V, en su investigación “Amiguismo Crudo”, ha revelado que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, mientras se desempeñaba como ministra de Petróleo de Nicolás Maduro, repartió campos petroleros bajo la figura de los Contratos de Participación Productiva (CPP).

Entre los favorecidos “estuvo una oscura empresa registrada en España, sin experiencia en actividades de producción de hidrocarburos, propiedad en los papeles de un ciudadano ecuatoriano que se vincula al entorno del expresidente Rafael Correa”.

Uno de los factores que “había impresionado” a funcionarios estadounidenses para decantarse por Delcy Rodríguez como conductora de una transición política en Venezuela fue, precisamente, su gestión de la crucial industria petrolera venezolana.

El Washington Post ha dicho que “funcionarios de Chevron, la única empresa estadounidense a la que Washington había permitido operar en Venezuela en medio de las sanciones de Estados Unidos, se reunían mensualmente con Rodríguez y hablaban positivamente de ella al gobierno estadounidense (…) El modelo de Chevron estaba funcionando, según informaron los representantes de la empresa a los funcionarios estadounidenses, y Rodríguez estaba concediendo sus deseos, relata Plan V.

La hoy Presidenta impulsó en 2024 la figura de los CPP, una suerte de fórmula privatizadora que buscaba captar a inversionistas para la explotación y producción petrolera, ofreciendo al socio privado más ventajas que las anteriores empresas mixtas, el esquema implementado en tiempos de Hugo Chávez en el marco de la Ley de Hidrocarburos de 2006 y donde el socio particular contaba con una participación máxima del 49% del negocio.

Plan V relata que, en efecto, el recién creado esquema atrajo a nuevos actores, pero amigos del régimen y hasta de la propia Delcy Rodríguez en su mayoría, que dieron lugar a “un ecosistema diseñado para sortear sanciones y sostener flujos financieros en un contexto de colapso institucional”, como señalaba una nota de prensa de la organización Transparencia Venezuela en el Exilio, distribuida en diciembre de 2025 a propósito de su reporte PDVSA: privatización controlada por las familias en el poder y militarizada. “El proceso dejó de ser técnico para convertirse en un entramado político-financiero que incluye intermediarios temporales, empresas de corta duración, transferencias de crudo en alta mar, rutas trianguladas y pagos en criptomonedas —principalmente USDT—, un mecanismo que sigue activo en 2025”.

Los vínculos con el entorno de Rafael Correa

Rodríguez también tuvo la oportunidad de ofrecer con los CPP un trato especial a un empresario, Manuel Antonio Robalino Orellana, cuyos vínculos societarios lo conectan a personajes de jerarquía en el entorno del expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, como reflejan documentos obtenidos para esta investigación que de manera conjunta desarrollaron Armando.Info y Plan V.

Desde 2018, Delcy Rodríguez cuenta entre sus asesores con dos exministros de Economía y Finanzas de Rafael Correa: Patricio Rivera y Fausto Herrera. El mismo Correa ha expresado públicamente que él es asesor principal y que tiene a dos de sus exministros como asesores del Gobierno venezolano y que “hacen un trabajo extraordinario”.

Los asesores ecuatorianos también resultaron cruciales en la conducción de la materia petrolera en los últimos años, incluyendo la concepción y diseño de los CPP. Los exministros ecuatorianos habrían dispuesto de oficinas para despachar desde la propia Pdvsa.

Plan V sostiene que en 2025 se firmó un CPP con Territorio Trading Group, empresa registrada en España en septiembre de 2024 y dirigida como “administrador único” por Manuel Antonio el empresario ecuatoriano Robalino Orellana, con relación empresarial, tanto en España como en Ecuador, con Héctor Eduardo Egüez Álava, un hombre de confianza y mano derecha de  Ricardo Patiño Aroca, cuando este se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas, coordinador de la Política, de Relaciones Exteriores y de Defensa, en el mandato de Rafael Correa. Hoy Patiño es representante del partido del correísmo, Movimiento Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional de Ecuador.

Territorio Trading Group anunció en junio pasado el acuerdo en su website. Allí detallaba que la firma con la estatal petrolera venezolana permitiría la explotación en el campo Melones de la Faja Petrolífera del Orinoco. Un mes después celebró la “inauguración de oficinas en Caracas” y, en septiembre de 2025, reportó las “pruebas de pozo en el campo Melones”.

El campo Melones cuenta con una extensión de casi 700 kilómetros cuadrados y produce casi 8.000 barriles diarios de crudo. Sin embargo, las reservas probadas del campo rondan los 300 millones de barriles, lo que lo convierte en un yacimiento atractivo para cualquier petrolera.

Fuentes internas de Pdvsa explican que desde la estatal se presionaba a Territorio Trading Group para comenzar las inversiones necesarias que permitieran aumentar la producción, pero hasta el cierre del año pasado la compañía no pudo mostrar resultados porque no contaba con los recursos necesarios. De hecho, la meta de producción para el cierre de 2025 era de 10.000 mil barriles diarios, un 30% más de lo logrado hasta ahora por la compañía. A ese incumplimiento ahora se suman la intervención militar estadounidense y el control total que en consecuencia Donald Trump pretende ejercer sobre la producción de hidrocarburos en Venezuela, lo que amenaza con frustrar definitivamente el emprendimiento petrolero de los ecuatorianos.

No es nuevo el interés por el petróleo venezolano del clan ecuatoriano cercano a Correa. A mediados de 2024, Pdvsa anunció una sociedad con Globalable Holding S.L, empresa del magnate venezolano Ricardo Cisneros Rendiles, para la operación de la empresa mixta Petrocabimas, en la tradicional cuenca petrolera del Lago de Maracaibo, estado Zulia,  noroccidente de Venezuela.

En representación del socio privado, además del propio Cisneros Rendiles, en la firma también estuvieron presentes Manuel Robalino, el administrador de Territorio Trading Group, y Héctor Eguez Álava, la mano derecha de Ricardo Patiño.

Meses después del anuncio, la propia Pdvsa desmintió la transacción e informó que la compañía Suelopetrol Exploración y Producción S.L. seguía siendo la socia privada en Petrocabimas.

Robalino y Egüez también compartieron sociedad en Orbit Global Trading Corp (Orbitralcorp), registrada en Ecuador el 26 de enero de 2018, agrega Plan V. Esa compañía, disuelta en 2025, reportó relaciones comerciales con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), un holding estatal creado por Maduro para centralizar las importaciones públicas de Venezuela. Según los estados financieros de la empresa, despacharon al régimen venezolano aceite crudo de palma, previamente comprado a una compañía uruguaya.

Las empresas de Robalino y una demanda

Esa no fue la primera incursión de Robalino en actividades comerciales con Venezuela. Él enfrentó una denuncia penal por presunta falsificación de firmas relacionada a la venta de 4 millones de dólares en alumbre de aluminio a la empresa venezolana Inversiones Revotronics JM C.A, en 2013. Era la época en la que hubo una eclosión de exportaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela con el fin de obtener dólares a la tasa preferencial del entonces activo régimen de control de cambios, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).

Robalino figura como accionista en diez empresas ecuatorianas, todas ellas liquidas o disueltas según los registros revisados por Guayaquil News en la Superintendencia de Compañías:

Orellana tiene una denuncia de 2018 por falsificación y uso de documento falso

Esta demanda tiene relación con las operaciones registradas bajo el Sistema Unitario de Compesación Regional de Pago (Sucre) hacia Venezuela

La investigación estuvo a cargo del fiscal Javier Bósquez Villena, quien decidió no acusar al denunciado, razón por la cual este fue sobreseído en 2019.

Mientras Robalino hacía estos negocios comerciales con Venezuela en 2013, Égüez Álava se desempeñaba como subsecretario de Comercio e Inversiones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con Ricardo Patiño como Canciller. Desde ese cargo, promovió el funcionamiento del Sucre. Ese año, Egüez Álava visitó a las autoridades del chavismo, presentándose como “jefe del gabinete del Canciller del Ecuador”, a fin de promover proyectos productivos de aceite de palma y arroz con financiamiento del Fondo Ecuador-Venezuela para el Desarrollo Económico y Social (Fevedes).

Antiguos funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas lo recuerdan desempeñando cargos en esa cartera por lo menos desde la década de los 90. En 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio González fue designado como Subsecretario del Litoral y como Subsecretario de Programación de la Inversión Pública, cuando al frente de esta cartera se encontraba Diego Borja Cornejo, candidato a Vicepresidente que completó junto a la candidata presidencial Luisa González la dupla correísta para los comicios de abril de 2025.

En 2007, ya con Rafael Correa como Presidente, Ricardo Patiño asumió como ministro de Economía y nombró a Egüez como su asesor.

Plan V destaca que en 2008 Egüez pasó a ser el director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), un cargo que requiere la confianza del Presidente de la República. Un año después, se juntó de nuevo con Patiño en el Ministerio Coordinador de la Política. Desde entonces, lo acompañó a todos lados. Estuvieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2010 y 2016, y en el Ministerio de Defensa, en las postrimerías del correísmo.

Otro lazo empresarial que une a Egüez con Robalino: Ambos constan como administradores en Global Maval Inversiones S.L, una compañía creada el 27 de octubre de 2025 en España, en la misma jurisdicción de Territorio Trading Group. En los papeles de constitución ambas sociedades comparten la misma oficina en la calle Serrano, del exclusivo barrio de Salamanca en Madrid.

En cuanto a Robalino, en un escrito presentado en agosto de 2024, en el expediente de un juicio civil, se aseguraba que residía en Singapur por “cuestiones de trabajo” y que se quedaría en ese país por varios meses. Es el último documento público donde consta su paradero.