Cristian Puente, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) exigió al tribunal no permitir más dilaciones en el juicio del denominado caso Triple A, por el que Aquiles Álvarez lleva un grillete.
Puente cuestionó con firmeza lo que calificó como una estrategia sistemática de dilación, recordando que el proceso penal ha sido postergado en 13 ocasiones, muchas de ellas —según dijo— amparadas en supuestas enfermedades, ausencias injustificadas de abogados y argumentos que rozan lo absurdo.
“Lamentablemente esta práctica dilatoria sistemática, porque es un proceder recurrente, donde les ha sucedido de todo, han tenido problemas de hemorroides, han tenido problemas de muelas, han cambiado de abogados a último momento. Todo ha sucedido antes de que empiece la audiencia”, sostuvo Puente.
Álvarez es una de las 16 personas naturales a las que se les investiga por la venta de millones de galones de combustible subsidiado, lo que generaba ganancias de al menos un dólar por galón.
Hemorroides, dolencias médicas y abogados que no llegan han detenido el proceso 13 veces
Unas 13 audiencias clave han sido diferidas, lo que —en palabras de Puente— constituye una falta de respeto al sistema judicial, a las instituciones del Estado y a la ciudadanía.
“Esperemos que está vez no se enfermen”, señaló en relación a la audiencia prevista para el 31 de enero y 1 de febrero próximos.
El director de la ARCH fue enfático en señalar que seguir postergando el juicio solo profundiza la percepción de impunidad y debilita la confianza en la justicia.
La ARCH advierte que el investigado Aquiles Álvarez estaría usando excusas reiteradas para estancar el juicio y exige que, de una vez, el caso avance y se esclarezcan los hechos.
“Quien nada teme, no teme al juicio, es así de fácil. Creo que la mayor tranquilidad que puede tener un inocente es acercarse a un tribunal y que se ratifique su estado de inocencia”, afirmó.
“Lo que genera dudas, justamente, son estás dilaciones”, añadió.
Reiteró su llamado a que Álvarez deje de dilatar el proceso y comparezca sin más excusas, advirtiendo que la justicia tardía también es una forma de injusticia y que el país exige respuestas claras en un caso que involucra recursos estratégicos del Estado.
La investigación del caso Triple A se inició con base en una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la que se informaba sobre una irregular distribución y comercialización de combustibles, que provocaría un perjuicio al Estado ecuatoriano, por cuanto existirían diferencias considerables entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones y empresas.
Según la Fiscalía General del Estado, “con base en los elementos de convicción recabados, la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción estableció la existencia de la relación de las empresas investigadas con otras distribuidoras de combustible, entre las que se comercializaron grandes cantidades de combustible, sobre todo diésel. En dichas transacciones, se hallaron presuntas irregularidades”.
Varias de las estaciones que adquirieron el combustible se encuentran en zonas fronterizas y mineras, por lo cual, se presume que el diésel subsidiado habría sido desviado a otros segmentos, para los cuales no está destinado ese beneficio.
En uno de los casos señalados, una estación de venta de combustible adquirió más de 7 millones de galones, cuando la misma tiene una capacidad de almacenamiento para cerca de 10.000 galones. Esta información fue reportada en un informe emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
