Ricardo Vanegas pone el dedo en la llaga: «El correísmo y los socialcristianos impidieron el juicio político a Bernardo Manzano por tráfico de tierras»

El cuarto de guerra de los traficantes de tierras no está solo en juzgados y fiscalías. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es la génesis de este delito lacerante.

Desde la Asamblea Nacional aparecieron incluso legisladores que aparentemente defendían a personas, pero en realidad eran parte de esta red, al promover adjudicaciones de tierras, que no le pertenecen al Estado, a personas que en realidad pasan a ser testaferros.  

Guayaquil News conversó con Ricardo Vanegas Cortázar, exasambleísta que, junto con el también exlegislador Fernando Villavicencio, formaron parte del Frente Parlamentario Anticorrupción que en 2023 comenzó a investigar el tráfico de tierras después de la denuncia del periodista Guillermo Lizarzaburo y la persecución ejercida contra él y Juan Pablo Paz por el entonces dirigente del Partido Social Cristiano (PSC) Pablo Muentes Alarcón.

Muentes, también exasambleísta, está recluido en la cárcel denominada La Roca, acusado de formar parte de una red de delincuencia organizada que usaba a jueces y fiscales para lograr fallos favorables, muchos de ellos, contra gente a la que habían despojado de sus tierras.

“Cuando estábamos en la Asamblea empezamos una investigación con el Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el tráfico de tierras, estuvimos con Fernando, y hallamos que a través del Ministerio de Agricultura (MAG) estaban haciendo concesiones en Durán, Playas, Daule y lo venían haciendo desde el año 2012. Estas concesiones de tierras eran a través de expedientes del MAG y esto originó que se hagan investigaciones”.

Estas denuncias pasaron a la Fiscalía, pero según Vanegas él nunca fue llamado a rendir su versión.

En los casos que tenían que ver con Durán y con Daule, se recibió la declaración de Eric Ramírez, y se decía que se estaban entregando tierras y por eso crearon un juicio contra Guillermo Lizarzaburo para que lo sancionen en primera y segunda instancia, pero la Corte Nacional revocó todo porque se vio que había un poder de Muentes sobre los jueces para causarle un daño, sostiene el exasambleísta.

Todo esto que estaba sucediendo desde el año 2012, desde cuando se estaban entregando tierras en distintos cantones del Guayas, y eso, obviamente, tenían beneficiarios, la familia Muentes, y, se presume, a otros dirigentes socialcristianos que también se habrían beneficiado.

Cuando nosotros iniciamos este proceso de investigación -sostiene Ricardo Vanegas- la Asamblea se disolvió. Pero ya habíamos realizado otras investigaciones en el cantón Playas, ahí logramos ver como en la hacienda Ayalán, migrantes habían sido beneficiarios de una gran cantidad de tierra por parte del Gobierno de Rafael Correa con la finalidad de que ellos regresen desde el exterior y se dediquen a cultivarlas, pero esas tierras que aparentemente habían sido entregadas, eran para acuicultura y no para agricultura.

A partir del 2012 comenzaron a darse varias resoluciones de distintos organismos dentro del Ministerio de Agricultura para entregar estas concesiones de tierra, ahí se ve que se las entregan a empresas camaroneras y se ve también cómo se ejerce un peso desde la Asamblea para tratar de que estas tierras que habían sido entregadas a las empresas camaroneras sean dadas a migrantes. “Fue cuando pedimos toda información al MAG y los convocamos a sesiones”.

Esto pasa luego de que observó que en la Comisión de Derechos Autónomos, los migrantes a través de un asambleísta, estaban tratando de que esta tierra se quede en los migrantes. Ahí había una situación muy irregular, como habían acciones de protección, sentencias dictadas por la Corte Constitucional, actos administrativos que incumplían estas sentencias, todo eso se fue recabando y se elaboró un informe y se verificó en el sitio que no habían migrantes, sino, camaroneras.

Todo eso se envió a la Comisión de Fiscalización y a la de Gobiernos Autónomos, y además a la Contraloría y a la Fiscalía General. Eso fue en junio de 2022. En octubre de ese mismo año, la Fiscalía acusó recibo y dijo que iba a iniciar un proceso de investigación.

Según Vanegas, través del MAG se estaban entregando tierras; “hay que ver si estas tierras que se estaban entregando cumplían con el fin, en la información que recabamos se denunció que los migrantes no eran migrantes, que las Asociaciones constituidas no eran legales”.

Existe el rumor de que estos dirigentes, a sus asociados, les obligaban a vender sus tierras a otro grupo de personas, “todo eso entregamos en la Fiscalía, no entiendo por qué desde el año 2022 a la fecha no me han vuelto a llamar a declarar, no se han referido al informe, esto es muy importante porque tiene que ver con lo que se hizo en Daule, en Durán. Es una mafia.

Comentó que en las tierras que entraron en el Fideicomiso MA o cualquier adjudicación a favor de la familia Muentes o testaferros, pueden estar las tierras que estaban en Ayalán, es decir, que las tierras entregadas irregularmente a supuestos migrantes hayan tenido el mismo destinatario: el Fideicomiso MA. Estas podrían estar siendo vendidas por los «migrantes» a precios irrisorios.

Recuerda Vanegas que cuando anunció al país que iba por un juicio político el contra del exministro Bernardo Manzano y que se iba a investigar a todos los funcionarios que estaban en el MAG, fue muy complicado recolectar la firma. Los correístas y los socialcristianos se opusieron, porque estaba Muentes de por medio, y el asambleísta que protegía a los supuestos migrantes. A pesar de que recogí las firmas y las presenté, algunos asambleístas retiraron las firmas; este tema es vital para demostrar el grado de participación de los Muentes y de la gente del MAG.