María Gabriela Gómez Cabrera ha denunciado al juez de Samborondón Carlos López Vulgarín.
“Dejo expresamente constancia de que hago responsable al señor juez Carlos Cristóbal López Vulgarín y a la procesada Madeline Liliana Vásquez Méndez de cualquier daño, perjuicio o afectación que pueda sufrir mi integridad física, sicológica o patrimonial, de forma directa o indirecta…”.
Gómez Cabrera se refiere al tono “déspota y denigrante” con el que López le respondió delante de la procesada: “Usted no tiene derecho a apelar”. Lo dijo durante la diligencia, al manifestarle expresamente al juez las palabras, “Señor juez, que quede constancia que apelo esta sentencia”.
López Vulgarín es el juez que falló a favor de Pablo Muentes Alarcón en la demanda planteada por el delincuente, exdirigente y exasambleísta del Partido Social Cristiano, contra el periodista Guillermo Lizarzaburo y el empresario Juan Pablo Paz. El político está hoy preso y sentenciado a 13 años y 4 meses de prisión, por haber sido hallado responsable de dirigir una organización criminal que lograba favores de jueces.
La Corte Nacional de Justicia, tras la apelación del periodista y el empresario, encontró fallas en el proceso, por lo que declaró nulo lo actuado por otros tres jueces que en una segunda instancia corroboraron la sentencia dictada por López Vulgarín.
También es señalado por liberar a un presunto violador.
Este mismo juez decidió que Gómez sea reparada con 600 dólares, en cuotas de $ 75 mensuales de reparación integral sin “haber motivado ni fundamentado esa decisión”.
(El el caso de la demanda de Muentes, López Vulgarín, condenó al periodista a pagar 80.000 dólares por el “daño moral” ocasionado al delincuente)
Ese valor “resulta irrisorio e injustificado tomando en cuenta la gravedad de los hechos y el perjuicio ocasionado. El monto resulta irrisorio y contradictorio con la evidente capacidad económica de la procesada, quien cuenta con tres abogados particulares.
López tiene procesos por recusación, figura que es, en derecho, el acto mediante el cual una parte solicita que se aparte a un juez u otro funcionario de un proceso judicial o administrativo por considerar que su imparcialidad está en duda. Es un mecanismo legal para garantizar que la persona juzgadora no tenga un interés personal en el caso y no esté en una posición que comprometa la objetividad del proceso.
Es un mecanismo de defensa. Un derecho de los ciudadanos para garantizar la imparcialidad del juzgador, ya que se puede considerar que su imparcialidad está en duda.
En el año 2024, como el 2023, se lo acusó de actuar de forma sesgada y no es imparcial. Esto debe ser analizado por el Consejo de la Judicatura.
