El asambleísta nacional por Construye, Jaime Moreno Félix, estaba bien preparado para enfrentar los descargos que el viceministro de Ambiente, Edgar Heredia, iba a presentar sobre lo que es un secreto a voces: el interés por darle la licencia ambiental a la empresa Ecuatoriana de Minas, Ecuamín S.A. para explotar oro en la reserva del Chocó Andino.
En la comparecencia del 1 de marzo de este 2024 ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional sobre el trámite para la entrega de licencia ambiental de la mina La Melina, el viceministro de Ambiente, Edgar Heredia fue cuestionado por iniciar el proceso para el otorgamiento de la licencia ambiental a Ecuamín S.A., para explotar oro en la reserva del Chocó Andino, lo cual está prohibido por una sentencia de la Corte Constitucional y por el resultado de una consulta popular realizada en Quito en agosto de 2023, donde el pueblo quiteño se pronunció por la no explotación minera en el sitio, donde se acumula la reserva faunística y de flora de las más grandes del Ecuador.
El asambleísta Jaime Moreno destalló como desde finales del año 2023 el Viceministerio del Ambiente comenzó a realizar los trámites para la entrega de la licencia ambiental a Ecuamín S.A., pese a que está prohibido. Expresó que los trámites avanzaban “curiosamente” más rápido que otros, que tiene años en el despacho del viceministro.
El legislador Comps Córdova señala que “cuando hay una consulta popular el mandato del pueblo es de estricto cumplimiento y le corresponde, si hubiese justicia en Ecuador, hace rato, ya no hubiera Presidente, y no quiero decir que se deba destituir al Presidente; de hecho la Corte Constitucional ha emitido su dictamen de complimiento inmediato”, señala Comps Córdova.
La inobservancia a los resultados de la consulta son causales de destitución para cualquier funcionario, incluido el Presidente de la República.
El artículo 106 de la Constitución, inciso final, señala: (para quienes irrespeten la decisión del pueblo), “en caso de revocatoria de mandato, la autoridad cuestionada será cesada de su cargo, y será reemplazada por quien corresponda según la constitución”.
¿El Ministerio del Ambiente está trabajando para la destitución del Presidente de la República, porque está incumpliendo estos dictámenes de la Corte?”, recalca.
Los que viven en la reserva dieron una clase maestra de cómo el Viceministerio está actuando en la zona, donde por sentencia de la Corte Constitucional y del resultado de una consulta popular en Quito, está prohibido hacer minería.
Heredia mostró una realidad distinta, dijo, que todo estaba bajo control, que no había minería en la zona (y en otras reservas del país), pero las fotografías y los testimonios lo contradijeron. De hecho, el viceministro no sabía sobre sus competencias. Se las tuvo que recordar el asambleísta Comps Córdova, de las filas de RC5
Mientras Sofía Sánchez, de Construye, le ratificó a Heredia que el mundo en que vive es una fantasía: en zonas de Azuay donde dice que no una sola maquinaria trabajando, sí hay campamentos de minería que contaminan las fuentes de agua con metales pesados.
La comparecencia de Heredia no fue un evento solo para demostrar que los trámites para explotar minería en el Chocó Andino siguieron durante este gobierno, sino también para dejar claro que pese a los resultados de las consultas populares, que fueron abrumadores contra la explotación, funcionarios como Edgar Heredia, no controlan, más bien, siguen procesos para explotar oro y otros metales y no controlan que no haya actividad en estas zonas.
El asambleísta Jaime Moreno destalló como desde finales del año 2023 el Viceministerio del Ambiente comenzó a realizar los trámites para la entrega de la licencia ambiental a Ecuamín, pese a que está prohibido. Los argumentos, con papeles en mano, dejaban claro que los trámites avanzaban “curiosamente” más rápido que otros, que suelen durar años. Es más, el mismo Egdar Heredia señaló que suelen tardar los dos años y que al año son alrededor de 8.000 los permisos que se tramitan.
Estos son los dueños de Ecuamín S.A.
| Accionistas | Capital ($) |
| ERAZO ANDRADE ROBERT EDUARDO | 2.000,0000 |
| MARTINEZ HINCAPIE JORGE LUIS | 9.000,0000 |
| MARTINEZ OLIVARES JORGE OSVALDO | 9.000,0000 |
Robert Erazo consta como administrador actual en Melinachango Santa Bárbara Cía. Ltda. , donde también es accionista, según la Superintendencia de Compañías.
En 72 días, el viceministro del Ambiente con su equipo de trabajo aprobó hasta a fase se socialización este licenciamiento ambiental que tenía desde el 2021. Lo que no se había hecho en dos años, el viceministerio lo hizo en 72 días.
Moreno también manifestó que el viceministro mintió en su presentación y que este no respeta el pronunciamiento del pueblo. “Mientras la señora ministra de Ambiente no ha podido a acudir a comparecencia a esta Comisión, y nosotros hemos entendido porque está en foros internacionales consiguiendo recursos para remediación ambiental, el señor viceministro Heredia y su equipo procesan licencias ambientales al margen de lo que establece la Corte Constitucional y al margen de lo que quiere el pueblo de Quito y el pueblo ecuatoriano”
El asambleísta destalló como desde finales del año 2023 el Viceministerio del Ambiente comenzó a realizar los trámites para la entrega de la licencia ambiental a Ecuamín, pese a que está prohibido. Expresó que los trámites avanzaban “curiosamente” más rápido que otros, que tiene años en el despacho del viceministro.
Inti Arcos, del colectivo Quito Sin Minería, y habitante de la reserva, mostró la realidad clara sobre el Chocó Andino, de las 6 parroquias que lo conforman. Estamos muy preocupados porque vemos que no solo nuestro territorio está en peligro, sino la democracia”. Tiene 15 años en «esta lucha».
El 77 % de los habitantes del Chocó Andino le dijeron no a la explotación, como de las concesiones mineras que se han entregado de manera inconsulta. «Estamos protegiendo el agua de Quito, que viene de nuestras comunidades».
“El agua que están tomando ahora, el agua que llega a sus casas, vienen el Chocó Andino. Estas concesiones están sobre áreas de conservación y uso sostenible de Quito, es como que quisiéramos hacer minería en el Alameda o La Carolina y nadie diga nada”.
Inti Arcos, dirigente del colectivo Quito Sin Minería.
“Estas concesiones están sobre áreas de conservación y uso sostenible de Quito, es como que quisiéramos hacer minería en el Alameda o La Carolina y nadie diga nada”. El Chocó Andino es la séptima reserva de biósfera. Allí están los osos, los pumas, los vendos, los gallos de la peña, de ahí salen muchos de los alimentos que consumen los quiteños del Norte. ¿Qué va a pasar cuando ese alimento venga cargado de cianuro o mercurio como pasa en la Amazonía?”. El mes pasado, con la venia del Ministerio del Ambiente, se pretendió socializar los estudios ambientales la empresa Mina Changó, ahora Ecuamín, post consulta.
Richard Paredes, habitante de la parroquia Pacto, le pidió a Heredia que lo mire a la cara: “Le está hablando un criminalizado por la empresa Melina Changó, ahora Ecuamín, no puedo llegar a mi propiedad porque soy amenazado, hostigado por haber sido el proponente de la consulta de Quito Sin Minería”.
“El informe que usted emite está faltando a la verdad porque no es como usted lo informando… es obvio que si van a hacer una inspección le notifican a la empresa minera, y por supuesto que la empresa va suspender las operaciones en ese momento…”.
Según dijo, esta empresa tiene 20 años haciendo extractivismo, y eso ha provocado que la familias de Pacto están divididas, los hijos se pelean con los padres, con los primos, por los supuestos puestos de trabajo que les dan, «allí hay trabajo infantil, porque solo los jóvenes resisten largas jornadas dentro de las galerías. Incitan a la violencia, por trabadores de a empresa me persiguen, he tenido que salir autoexiliado a otro territorio».
