Al parecer, la terminación del Contrato de Concesión del terminal portuario granelero estatal de Guayaquil, se ha vuelto un lío de peso por las presiones que ejercerían funcionarios del Estado y la concesionaria, Andipuerto, para prorrogarlo.
Y Héctor Plaza, gerente de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG), habría dicho no, ya que una prórroga es insostenible, ilegalmente, señalan personas que tienen relación con APG.
Existe interés de funcionarios de alto rango del gobierno de Daniel Noboa porque se prorrogue dos años este contrato, lo cual acarrearía problemas legales a quien lo apruebe. Esta concesión vence en mayo, y hasta ahora no existe una nueva convocatoria.
Un alargue del contrato con Andipuerto le haría perder a Estado unos 10 millones de dólares, y además se vería envuelto en un nuevo arbitraje si Contecon decide pedirlo. Y tiene todas las herramientas legales para ganarlo, según expertos.
La llegada de Andipuerto al terminal granelero no ha sido conveniente, existen poquísimas inversiones, este no se ha modernizado y los cánones que paga son mínimos.
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