Los casos de corrupción en los seguros y reaseguros del Estado, que manejó Seguros Sucre durante los periodos de Rafael Correa Delgado y Lenín Moreno, aún no asoman en la justicia: Diego Sánchez Silva, el Zar de los Seguros, está refundido.
El sería el co-conspirador 3 en el Caso Sobornos, donde está involucrado el excontralor general del Estado, Carlos Pólit, quien los habría mencionado en Estados Unidos. Sánchez es testigo contra Pólit en el juicio que se le sigue en el país del Norte.
Guayaquil News recoge detalles de un documento que el año 2023 presentó el entonces Asambleísta, Ricardo Vanegas, a las autoridades.
La Contraloría General del Estado, en una auditoría de seguros, emitió un total de 133 informes a distintos organismos del sector público, de los cuales 5 han terminado con responsabilidad penal y uno, el de los seguros y reaseguros en Petroecuador Ep, no pudo ser auditado y determinado responsabilidades por una acción de protección.
En la parte medular Vanegas señala que “se desconoce las razones por las que no se ha identificado a Diego Patricio Sánchez Silva, con tantos indicios dentro de una investigación profunda previa en la Fiscalía General del Estado, en el manejo de los seguros y reaseguros del país desde el año 2011 a la presente fecha (2023)”.
Los vínculos de las empresas públicas actuales con las aseguradoras es un tema desconocido y el Sercop (Servicio de Contratación Pública) no lleva un censo de las adjudicaciones de seguros y los reaseguros ganadores. Esa información debe ser pública y visible permanentemente. La falta de transparencia alrededor de esta industria ha permitido grandes contrataciones en el sector público para un grupo de compañías de seguros que se manejan un mismo bróker de reaseguro, porque ellos manejan los reaseguros y control de las bases de los pliegos de los contratos.
El proceso de la justicia de los Estados Unidos de América, donde se llevan a cabo procesos que tienen relación con empresarios ecuatorianos, no tiene un seguimiento prolijo en el Ecuador, pues se requiere de la firma de convenios de Cooperación Internacional, para que los delitos, juzgados y sentenciados en el país mencionado, mantengan procesos de investigación abiertos en el país.
Vanegas sostuvo que deben iniciarse procesos penales en Ecuador por perjuicios en la contratación de seguros y reaseguros conforme las sentencias en Estados Unidos.
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por su parte, requiere recursos para montar un adecuado sistema de evaluación bajo riesgos, considerando “solvency” en todo el proceso de control del sistema de seguros a nivel nacional.
–Las autoridades societarias han sido cuestionadas por el manejo desprolijo, politizado y corrupto del mercado asegurador, de valores; de todo el sistema-
La norma secundaria de la Junta de Regulación Financiera, en el país, en el tema seguros, -insiste Ricardo Vanegas- no ha sido actualizada conforme a los lineamientos internacionales y considerando la transparencia y “solvency” en el tema seguros.
Además, “el proceso de licitación de los seguros mantiene fallas en los pliegos (cuyas primas durante los años 2020 al 2022 ascienden a $ 170 millones), como son que en la fase de preguntas y respuestas, se pueda cambiar el tipo de reaseguro o la administración a través de coaseguros, adicional, los porcentajes de compromiso de los reaseguros, no se ajusta a procesos técnicos establecidos con la superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
El exasambleísta pidió «realizar una auditoría por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, de los seguros que tiene Setec (empresa relacionada con Diego Sánchez) como bróker de Seguros, a Global Reinsurance Broker (también de Sánchez) y Guy Carpenter con Seguros Sucre y otras aseguradoras que tengan seguros estatales, con la finalidad de determinar potenciales afectaciones adicionales a los seguros de los bienes de propiedad del ecuatoriano y el proceso de concentración de manejo de seguros en el país».
Hasta ahora, Marco López, quien habría estado involucrado en una estrategia, junto con Sánchez Silva, Andersson Boscán, Pablo Muentes y Luis Almeida para despedir como liquidador de José Ibáñez, no ha emitido informe alguno y tampoco investigado este atraco al Estado ecuatoriano.
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