Municipios, notarias, jueces y fiscales contribuyen al tráfico de tierras: el caso de Eric Ramírez rebasa la ficción y ya lo sabía Fernando Villavicencio

La compraventa de un lote de 12 hectáreas ubicado en el cantón Eloy Alfaro, Durán, ha dejado en evidencia no solo que en las notarías se pueden generar actos de corrupción, sino también que personas con ingresos bajos pueden comprar bienes de alto valor, sin el debido control de las autoridades.

Eric Ramírez ha podido corroborar todo eso en un solo caso. Aunque hay otros que son un espejo de este y que demandan acciones urgentes de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y municipios (algunos de ellos están inmersos en estos casos).

Eric es un cuidado ecuatoriano y también estadounidense. Hijo de un excónsul honorario de Estados Unidos en Guayaquil y de una reconocida dama, involucrada en labores sociales.

En 2014, Eric tuvo intentos de invasión de sus 12.000 metros cuadrados y el 2022 estaba a punto de comercializar el terreno. Pidió para el efecto un certificado de avalúo, porque es un documento habilitante para finalizar una transacción, “ahí me salió que estaba a nombre de Fausto Alfonso Alarcón Gómez,  quien tiene una actividad societaria importante”.

Miren aquí los datos del Registro Civil de Fausto Alarcón. Este es el «Caso Jefe», que se investiga en la Asamblea Nacional por asambleístas de Construye.

Según la Superintendencia de Compañías es gerente en Pigucorp y presidente en Producarnes y Cafechonero. En la primera y la última es además accionista.  Ha sido presidente de El Sanduchón Corp y gerente en Repuestos Importados Muentes y en Prinxes. Sin embargo, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Impuesto a la Renta causado desde el 2012 al 2022 ha sido de cero. Alarcón no solo pudo comprar el terreno de Ramírez en $ 50.000 sino otro con un precio cercano en 150.000 dólares, se indica.

“Sobre su terreno aparecen dos fichas catastrales, las dos son mías, la 31 y la 401”. La primera es falsa e indica que Ramírez le vendió en 2005 a un tal Fausto Liborio Rivera y que luego de muchos años le vendió a su esposa Flor María Vélez y ella a su vez en 2022 a Fausto Alarcón, todas las ventas fueron por el mismo valor: 50.000 dólares.

“Inmediatamente comenzamos a hacerle una trazabilidad a la ficha falsa solo para darnos cuenta de que fue en 2005 la primera supuesta venta, pero en esa época yo no vivía en Ecuador”.  Por eso fue a sacar un registro migratorio de entrada y salida del país donde denota de que no estaba en el Ecuador. “Fuimos a la Notaria a buscar el documento habilitante y nos dieron una carta en donde consta que no existe, que no tienen registro de esa transacción”.

Los documentos, los notarios involucrados.

Luego en la Notaría 2, de Durán, Eric Ramírez fue a indagar sobre la venta, de diciembre de 2021, de Rivera a Flora María, en 50.000 dólares de un terreno que catastralmente vale 200.000.  El pago fue en efectivo.

En enero de 2022 la señora le vendió, por la misma cantidad a Fausto Alarcón, en la Notaría 3, de Daule. “Cuando fue allí a pedir el documento, me dijo la secretaria que habían dos transacciones ese mismo día con esos mismos actores; el 28 de enero de 2022, pedí cuenta de esos dos documentos y ese mismo día le había vendido esta señora “pobre” otro terreno similar al mío pero más grande, de 40 hectáreas (2 km antes) a 100.000 dólares y Fausto Liborio También le había vendido a ella.”

Fausto Alarcón ha pagado en efectivo 150 mil dólares en un día, cuando en la empresa que labora El Sanduchón Corp, “no gana más de 800 dólares al mes”.  Esta es una empresa que vende sánduches de cerdo en Guayaquil.

En estos documentos no se adjuntan copias de cédula y certificados de votación y tampoco el número de la factura, necesaria por esa cantidad de dinero que implica la transacción”, denuncia Ramírez. Al frente de mi terreno hay una hacienda, Las Mercedes, que también hizo lo mismo, negoció posesión, le pagó a  los líderes y los botó a todos. Esta gente está enojada.

Por este caso el afectado le sigue un proceso a la jueza Andrea Patiño. Se cuestiona también a fiscales y policías.